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Se anunció un nuevo bono para jubilados y pensionados en agosto, en un esfuerzo por reforzar los haberes previsionales en medio de la inflación creciente.
El proyecto modificado, con casi 100 artículos menos, fue aprobado en Comisiones en la madrugada del miércoles, y podría tratarse en Diputados este jueves.
Actualidad 24 de enero de 2024El oficialismo de la Cámara de Diputados logró en la madrugada de este miércoles, con el respaldo de bloques opositores dialoguistas, emitir un dictamen favorable al proyecto de ley "Bases", con lo cual esa iniciativa estará habilitada para ser debatida en una sesión maratónica que se realizará este jueves y viernes.
En una movida estratégica, el Gobierno argentino ha introducido cambios sustanciales en el proyecto de ley "Bases". Esta nueva versión, resultado de la colaboración y negociación con sectores de la oposición, busca equilibrar la estabilidad económica con reformas necesarias en áreas críticas.
Uno de los cambios más destacados se encuentra en el ámbito jubilatorio. Según el borrador obtenido por Télam, el ajuste trimestral a los jubilados se mantendrá en marzo, siguiendo la fórmula actual. Sin embargo, a partir de abril, se implementará un ajuste automático por inflación mensual basado en los datos del Indec. Este enfoque busca garantizar que los jubilados mantengan su poder adquisitivo en un contexto de incertidumbre económica.
La versión revisada del proyecto, que ha pasado de 664 a 523 artículos, aborda también la duración de las delegaciones legislativas, reduciendo el plazo a un año con la posibilidad de una prórroga sujeta a la aprobación del Congreso. Se eliminó la emergencia en materia social y de Defensa, y se ajustaron aspectos vinculados a la estructura y redacción del proyecto para mejorar su técnica legislativa.
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En el ámbito de las privatizaciones, la petrolera YPF fue retirada del listado de empresas sujetas a privatización. Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT, se especifica que el Estado solo puede llevar a cabo una privatización parcial, manteniendo el control de la empresa.
En el sector cultural, el proyecto original había suscitado preocupaciones significativas. La nueva versión da marcha atrás a la derogación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional del Teatro (INT), asegurando que funcionen con directores ad-honorem y con límites de gastos. Estos ajustes responden a la necesidad de proteger los recursos del sector cultural y al mismo tiempo evitar cargas administrativas excesivas.
La cinematografía argentina experimenta ajustes detallados. Se redefine la categorización de películas nacionales, estableciendo criterios claros de producción local. Se impone la obligatoriedad de obtener certificados del INCAA para la proyección de películas, fortaleciendo los controles administrativos.
La ley también impone restricciones de gastos para el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), limitando sus egresos al 20% de los ingresos. La absorción de las funciones del Instituto Nacional del Teatro (INT) por parte de la Secretaría de Cultura busca eficiencia administrativa, aunque plantea desafíos políticos.
En el ámbito económico, se establece un beneficio para sujetos cumplidores en Bienes Personales, y se modifican los límites del impuesto para propiedades. Además, se eliminan los derechos de exportación para las economías regionales y se limita la facultad del Poder Ejecutivo para modificar estos derechos.
Ley de Pesca
Los principales cambios introducidos por la modificación son los siguientes:
Licitación de cuotas pesqueras: Las cuotas de captura anual por especie y por zona de pesca serán licitadas a través de un proceso abierto y transparente. Esto permitirá que cualquier empresa pesquera, argentina o extranjera, pueda participar y acceder a estas cuotas.
Establecimiento de regalías/canon: Se establece un régimen de regalías que deberán pagar las empresas pesqueras por la explotación de los recursos. Estas regalías/canon serán destinadas al Fondo Nacional de Pesca FO.NA.PE., que se utilizará para financiar proyectos de investigación, desarrollo y conservación pesquera.
Obligación de descargar en puerto argentino: Se mantiene la obligación que las capturas pesqueras sean descargadas en puertos argentinos. Esto permitirá que el Estado pueda controlar el cumplimiento de las normas pesqueras y garantizar la seguridad alimentaria de la población.
Obligación de contar con tripulación argentina: Se mantiene la obligación que las embarcaciones pesqueras cuenten con una tripulación mayoritaria argentina (75%). Esto permitirá generar empleo y fomentar el desarrollo de las comunidades costeras.
Estos cambios reflejan un enfoque más cauteloso, buscando reformas significativas sin comprometer la estabilidad de las instituciones fundamentales. La nueva propuesta se adapta a la complejidad del sector cultural argentino, reconociendo la necesidad de cambios y asegurando que estos no pongan en riesgo la misión esencial de las instituciones culturales del país.
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