EL GOBIERNO DIO DETALLES POR EL ESCANDALO DE LOS SEGUROS

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio detalles hoy sobre la denuncia que presentó el Gobierno contra las autoridades de la ANSES en la gestión de Alberto Fernández, por irregularidades en la contratación de seguros.

“El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de ANSES, por fraude en la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público; negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; tráfico e influencias; y malversación de caudales públicos”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

La presentación judicial, que hicieron de manera conjunta la ministra Sandra Pettovello, el nuevo titular del organismo, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntas irregularidades, apunta de manera puntual contra Federico D’Angelo Campos, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y que hoy es concejal de Unión por la Patria en el partido bonaerense de Quilmes.

A este exfuncionario se lo acusa de haber ocasionado “perjuicio al Estado Nacional por comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros, en el marco de la operatoria ‘Créditos Anses’”. Los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.

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 Los investigadores que trabajaron en la denuncia presentaron como prueba clave “una nota firmada de puño y letra dirigida a Nación Seguros donde se manifiesta la orden de contratar a empresas determinadas para intervenir en los contratos de seguros de vida para los saldos de los créditos tomados por jubilados y pensionados”.

Las investigaciones internas que derivaron en la denuncia del Gobierno se aceleraron la semana pasada, tras la publicación de una columna del periodista Ricardo Roa en el diario Clarín que contó que Osvaldo Giordano, antes de ser echado de ANSES por Milei, había desmontado un negocio opaco de empresas aseguradoras y políticos del peronismo y del PRO.

En ese informe se mencionó como beneficiarios últimos de las maniobras a dos productores de fuerte peso en el mercado: Héctor Martínez Sosa, cuya esposa es María Cantero, secretaria del ex primer mandatario; y el empresario polirrubros Pablo Torres García.

Esos nombres, en la denuncia presentada hoy, no figuraron. Tampoco Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros y amigo de la juventud y de los inicios en el rubro asegurador del todavía presidente del Justicialismo.

De acuerdo con la investigación, “se detectó un perjuicio al Estado Nacional” que habría ocurrido por el accionar que se le achaca a D’Angelo. También “se observó que la selección de los bróker y aseguradores que realizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES eran a dedo, de manera discrecional, arbitraria” y, sobre todo, “sin expediente digital alguno, ni justificación técnica”.

Según explicó Giordano, en declaraciones a La Voz y el Doce TV, cuando asumió el control de la Anses, en diciembre de 2023, se pagaban $1.700 millones por mes a Nación Seguros. En menos de 60 días, ordenó no renovar ese contrato porque otro sistema le permitía ahorrarse un 40% del presupuesto.

“Anses da créditos a los jubilados. Siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar, y ante eso hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas, o contratar un seguro de manera directa como se hizo luego del decreto de Alberto Fernández”, explicó el ahora exfuncionario nacional.

La investigación

La causa judicial de estas maniobras sospechosas la tiene el juez Julián Ercolini. El magistrado está a cargo del expediente que se inició por una denuncia cuyos principales acusados son el expresidente, el mencionado Martínez Sosa, el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el broker Pablo Torres García, entre otros. Son algunos de nombres que aparecieron en la nota que publicó Ricardo Roa en Clarín, el domingo pasado, que destapó una nueva “caja negra de la política”.

Según lo que se sabe hasta ahora, en la administración de Alberto Fernández, el Gobierno ordenó por decreto que todas las reparticiones oficiales y dependencias de la administración central contraten sus coberturas con Nación Seguros. Allí estaba Pagliano, que acompañó al expresidente desde que, en los 90, fueron juntos a la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Carlos Menem, y luego armaron desde cero Provincia Seguros.

Ese decreto creó un mercado cautivo, se habilitó que participaran compañías privadas como productoras o coaseguradoras. Allí aparecen empresarios como Martínez Sosa, a quien Fernández también conoce desde los 90 y con quien tiene tanta familiaridad como para deberle por año 20 mil dólares. Entre los contratos y los intermediarios aparece la trama del pago y el cobro de comisiones permanentes y multimillonarias.

Además, este fin de semana se confirmó que Ercolini también fue designado por sorteo para seguir otra denuncia, que Infobae anticipó el jueves. Es la que presentó el gobierno de Javier Milei contra el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Federico D’Angelo Campos. El Gobierno lo acusa de haber permitido, presuntamente, la aplicación de “comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros”.

La denuncia es importante porque la presentaron conjuntamente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntas irregularidades de la administración anterior. En la acusación, los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo -que siendo concejal mantenía su puesto- “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.

Datos de infobae