DENUNCIAN ESTAFA AL CONTRATAR UN SERVICIO DE INTERNET

La información se conoció comenzada esta semana a través del testimonio del vecino Daniel Masiel a #LA17, quien no solo denunció públicamente haber sido estafado sino que además se presentó en el Ministerio Público Fiscal desconociendo la firma que figura en el pagare por el cual fue ejecutado por el Juzgado Civil y Comercial por la suma de 5.000 dólares.

Consultados algunos abogados del fuero local, los mismos reconocieron que en total son cerca de 300 las familias afectadas, que este jueves se manifestaron en forma pacífica frente al mencionado juzgado.

El modus operandi que denuncian indica que en el año 2013 contrataron el servicio de una empresa de internet satelital conocida como Mega Red y que en los últimos días del año que pasó comenzaron a presentar las demandas en el Juzgado Civil y Comercial con pagarés firmados por sumas que van desde los 5.000 a los 25 mil dólares.

En las últimas semanas se hizo lugar a embargos para con unas cincuenta familias, que de a poco comenzaron a comunicarse entre sí, muchos de esos vecinos están siendo defendidos por el mismo abogado.

El jueves se conoció la primera presentación ante el Ministerio Público Fiscal y este jueves se radicó una denuncia penal por presunta estafa.

El mandante de los embargos es Emanuel Martín, responsable de lo que fue Mega Red. Los damnificados mencionaron que en el expediente dio un domicilio en Bahía Blanca, donde solo hay un baldío mientras que otras fuentes ubican al ahora denunciado Martín en Estados Unidos.

El juez Horacio Mures dijo en conferencia de prensa que “no es una causa de una empresa de internet, no tenemos causa de empresas sino de particulares, estas están en distintas etapas procesales”.

“El procedimiento que tenemos es simple, recibido el titulo o pagare, se analiza y un oficial de justicia hace la intimación de pago y se le dan cinco días para que validen el título, que en principio tienen validez” en cuanto a los pagarés que se presentaron para ser ejecutados.

El juez Mures, agregó que “una excepción es falsedad de firma, espera, remisión, son las establecidas por la ley, si hay adulteración o firma falsa lo presenta el abogado, se ha propuesto que se haga una pericia (caligráfica), quien se funda en una falsedad de firma tiene que probarlo, el pago o la falsedad de firma” algo que tiene su prerrogativa en la justicia ordinaria, no en la civil.

Respecto a los vecinos que aún no han sido notificados, el magistrado civil y comercial resaltó que “podemos brindar información en base al sistema, la gente que supone que va a ser ejecutada puede consultar en el juzgado” y agregó que a quienes supongan que pueden estar en los listados “como consejo, recurran a un abogado” destacó.

Sobre el ejecutante dijo que “esta persona puede tener cincuenta, cien o más” pagares para ejecutar, que es la información que se maneja, que los pagarés pueden ser más de 300.

En medio de la manifestación, #LU17 recibió innumerables consultas de vecinos que tuvieron hace 11 años el mencionado servicio, con temor a sufrir lo mismo que los vecinos que ayer se manifestaron.