PLANES SOCIALES: HALLARON CUADERNO QUE SERÍA CLAVE

Un cuaderno incautado este lunes en uno de los allanamientos relacionados con la presunta extorsión de dirigentes sociales podría ser una pieza clave en el avance de la investigación. En un análisis preliminar de este material se encontraron inscripciones manuscritas con listados de presencias en manifestaciones y registros de entrega de mercadería a comedores.

Esta información preliminar concuerda con las conversaciones de WhatsApp presentadas por las víctimas en la justicia, en las que se detallaba que para mantener el plan social se requería asistir a las marchas. Se tomaban listas de asistencia y aquellos que no participaban eran "castigados", lo cual podía implicar perder el plan, pagar una multa y no recibir la comida proporcionada gratuitamente por el gobierno nacional.

"Le empieza a dar un sentido a lo que aparecía más disperso en las charlas", comentó al medio  Infobae una fuente judicial involucrada en la investigación.

El cuaderno fue incautado en uno de los comedores allanados el lunes. En total, se llevaron a cabo 28 procedimientos en domicilios, sedes de organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones bajo investigación.

A UN DÍA DE LA MARCHA, DIPUTADOS NO LOGRÓ EL QUÓRUM

Las fuentes indican que el cuaderno contiene anotaciones relacionadas con las manifestaciones, listados de presentes y ausentes, así como registros de entrega de mercaderías. Estos listados incluyen nombres de personas.

El cuaderno es uno de varios elementos incautados. También se recogieron más anotaciones y documentación, además de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos que serán peritados. El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado la extracción de toda la información de los celulares en un plazo de cinco días.

El magistrado también ordenó la inhibición general de bienes de todos los imputados y dispuso que las cinco víctimas que declararon como testigos bajo identidad reservada pasen a formar parte del programa de protección del Ministerio de Justicia de la Nación.

Con la documentación analizada y la información extraída de los celulares, en los tribunales creen que se podrán realizar citaciones a indagatoria si las pruebas obtenidas así lo justifican.

Además, la justicia ha solicitado la intervención del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) para que realice una auditoría de las cooperativas de los últimos dos años. Una de las hipótesis de la causa es que parte del dinero obtenido de las maniobras era canalizado a través de cooperativas.

"Se ha podido comprobar preliminarmente que, bajo la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se organizaron al menos tres grupos de personas que, aprovechando las facultades otorgadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, exigían sistemáticamente dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social— bajo diversos conceptos —'cápitas', 'cuotas', 'alquiler de comedor', etc.—, les cobraban por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, los obligaban a vender la comida recibida del Estado Nacional, quedándose con la ganancia, y/o los forzaban a participar en movilizaciones políticas o repartir volantes de candidatos electorales, todo bajo la amenaza de darles de baja de la prestación social y/o negarles los alimentos y la mercadería", detalló el fiscal federal Gerardo Pollicita en su acusación.

Por otro lado, algunos de los acusados en la causa ya se han presentado en el expediente. Trece integrantes del Polo Obrero han designado como abogados a Liliana Alaniz, Claudia Ferrero y Eduardo Penello, y han comenzado a tener acceso al expediente. Se espera que los acusados empiecen a hacer presentaciones formales en breve.