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La Justicia de Puerto Madryn suspendi贸 los embargos millonarios por pagar茅s adulterados de los vecinos que hab铆an contratado el servicio de internet.
Madryn 22 de mayo de 2024Continúa la investigación por la presunta estafa en la contratación de un servicio de internet por aire ofrecido en Puerto Madryn hace más de 10 años. En los últimos meses comenzaron a llegar intimaciones y embargos por hasta 5 mil dólares, lo que motivó a sendas presentaciones judiciales por parte de los damnificados.
El abogado Patricio Castillo Meisen es uno de los letrados que representar a algunas de las víctimas de la supuesta estafa, que investiga la Fiscalía local.
En conversación con #La17, resaltó las novedades de los últimos días sobre los embargos, y que fueron suspendidos por el Juez Luis Mures.
Al principio recordó que días pasados se realizó la apertura formal de investigación y en la que el principal acusado, Emmanuel Ariel Martín, estuvo presente de manera remota ya que no vive en Argentina, además de la presencia en la audiencia del abogado que lo patrocina.
"Se lo anotició de la calificación del delito y consideró (el juez) que era un un caso complejo y por lo tanto va a tener un plazo de investigación de un año y seis meses", aclaró Castillo Meisen.
Además recordó que la presunta estafa se dio a partir de los documentos que se les presentaba a los clientes al contratar el sistema, de los cuales muchos de ellos se firmaban en blanco y al parecer luego se completaban con cifras exorbitantes, según las primeras apreciaciones.
Meisen advirtió que "en algunos casos se desconoce la firma porque dicen que es falsificada, y en el caso de que las firma hubiese correspondido a alguna de estas personas, en muchos casos no tenía ni siquiera conocimientos que estaban firmando un documento por no haberlo visto nunca"; a la vez que agregó que se verificaron pagarés "con una cifra establecida sin ninguna moneda, una cifra de 5000, (...) y luego ese mismo documento fue completado agregándole 5000 dólares, poniendo una fecha de constitución del documento que tampoco se corresponde con la instalación de los equipos".
Otro punto grave dentro de la presunta estafa es que algunos pagarés se firmaban en 2013 con vencimiento en 2022, "lo cual torna también bastante absurdo el reclamo porque nadie nos va a prestar una suma de dinero de esa envergadura, a devolver en 9 años", señaló Meisen, agregando algo más que demuestra "lo burdo de toda esta maniobra y que es que muchas personas aparecen con domicilios que en el año 2013 no los tenía ni podían imaginar que cinco años después iban a vivir en ese lugar".
Como para reforzar las pruebas de la presunta estafa investigada, Castillo Meisen contó que un pagaré aparece firmado por alguien que en la fecha de suscripción estaba embarcado.
Por otra parte resaltó la cantidad de vecinos que se animaron a denunciar aunque recalcando que faltan muchos más, "no todos se han presentado a hacer la denuncia de Fiscalía y sería interesante que si alguien entiende que puede ser damnificado concurra y haga la denuncia, porque la denuncia penal está íntimamente relacionada con la causa, las causas que tramitan ante el Juzgado de Ejecución".
Para finalizar Patricio Castillo Meisen destacó la resolución del Juez Luis Mures que, "con buen criterio ha comenzado a ordenar la suspensión de todos estos procesos ejecutivos a medida que se ha ido peticionando por parte de los abogados, (...) porque resulta contrario a toda lógica, que la justicia ejecute cuando se está investigando la legalidad de ese pagaré, (...) entendemos que hay además de una estafa agravada, porque puede haber falsificado su firma o abuso de la firma en blanco, lo que hay también es una estafa procesal, se ha utilizado la justicia como un medio para cobrar con la formalidad de los juicios ejecutivos, una deuda que es inexistente y llamativamente se utiliza al juez como un instrumento para cometer este delito".
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