SOBRESEEN A FUNCIONARIO JUDICIAL QUE SE NEGÓ A IDENTIFICARSE

En un caso que ha generado debate sobre los límites de la autoridad policial y los derechos ciudadanos, la jueza penal de Puerto Madryn, Dra. Patricia Reyes, ha dictado el sobreseimiento definitivo del Dr. Omar López, Defensor a cargo de la Oficina de Violencia Institucional, en relación al delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. El Dr. López se había negado a entregar su DNI durante un control policial, aunque se identificó verbalmente.

Los Hechos del Caso
El incidente ocurrió en el Puesto de Arroyo Verde en marzo de 2022, donde el Dr. Omar López, junto a otras dos personas, fue demorado por un control policial de rutina. El conductor del vehículo presentó la documentación requerida, pero al ser consultado por su identidad, López se identificó verbalmente como funcionario judicial sin entregar su DNI. 

El informe policial describe que el oficial Antelaf Pulgar, a cargo del control, permitió que López y sus acompañantes continuaran su marcha a pesar de no haber entregado el DNI. Este hecho fue crucial para la jueza Reyes, quien concluyó que la conducta de López no configuró desobediencia, ya que no hubo una orden persistente por parte del oficial para entregar el documento.

Argumentos y Resolución Judicial

En la resolución a la que tuvo acceso LU17.com, la jueza Patricia Reyes subrayó que el delito de desobediencia a la autoridad requiere dolo, es decir, una intención clara de desobedecer una orden legítima. En este caso, López proporcionó sus datos verbalmente y el oficial no insistió en la entrega del DNI, lo cual sugiere la falta de dolo en su accionar.

Además, la resolución destaca que no existe una ley nacional o provincial que obligue a los ciudadanos a portar documentos en todo momento. La situación de "averiguación de antecedentes" no se aplicaba en este caso, dado que López y sus acompañantes estaban en un vehículo en regla y no presentaban conductas sospechosas.

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Reacciones y Consecuencias
El fallo de la jueza Reyes también hace referencia a la posible inadecuación de las palabras utilizadas por López hacia los agentes policiales, aunque determinó que esto no justifica una acusación penal. El proceso, que se prolongó por más de dos años, se consideró en sí mismo una consecuencia significativa para López.

Cabe agregar que según consta en el acta de la audiencia de apertura de investigación de 2022, quedó establecido que el oficial le manifestó a López que debía acreditar su identidad, y era necesario que aporte su DNI para verificar cualquier pedido de secuestros y/o detenciones. La reacción del funcionario había sido, según el escrito, que “López se mostró alterado, manifestando que, como abogado y funcionario de la Magistratura, no tenía que acreditar su identidad y que era obligación del oficial conocerlo, refiriéndole al oficial “anda a estudiar”, según consta en el pedido de apertura de investigación.

La situación fue informada a la Unidad Regional, quienes interceptaron a la camioneta y finalmente lograron identificar al tercer ocupante, resultando ser el defensor público Omar López.

Es oportuno recordar que en agosto de ese año, la jueza Carla Flores también había rechazado la acusación contra López al considerar que no había delito. Esta resolución fue apelada, y dos años después ratificada por la Jueza Patricia Reyes.

Implicaciones Legales y Sociales
Este caso pone en el centro del debate la relación entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad, así como los límites de la autoridad policial en situaciones cotidianas. La resolución judicial subraya la importancia de los derechos civiles y la necesidad de procedimientos claros y respetuosos por parte de los oficiales de policía.

El sobreseimiento del Dr. Omar López por parte de la jueza Patricia Reyes establece un precedente importante en la interpretación de los derechos civiles y la autoridad policial. La falta de dolo en su conducta y la correcta identificación verbal, junto con la permisividad del oficial para continuar la marcha, fueron factores determinantes para la absolución. Este caso refuerza la importancia de equilibrar el cumplimiento de la ley con el respeto a los derechos ciudadanos.