SUMAN MÁS PRUEBAS POR EL ATAQUE INCENDIARIO A EL CHUBUT

Este miércoles, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut emitió una resolución clave en la causa que investiga el ataque incendiario y criminal contra el Diario El Chubut, declarando admisibles las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía. La decisión, firmada por los ministros Camila Banfi y Javier Raidan, quienes integran la Sala en lo Penal del tribunal, revoca las decisiones anteriores de los tribunales de primera y segunda instancia que habían descartado las evidencias por supuestas fallas en su autenticidad y preservación.

El fiscal general Gustavo Núñez y la funcionaria de fiscalía Ruth Ortega habían aportado a la causa tres informes elaborados por personal de la División Policial de Investigaciones (DPI), en los cuales se identificaba a los acusados en el lugar de los hechos. No obstante, el juez de Garantías de Esquel, Carlos Richeri, había rechazado estas pruebas, alegando que no cumplían con los estándares de autenticidad y preservación de la evidencia digital.

En respuesta a la decisión del juez Richeri, la Fiscalía presentó una impugnación, pero el tribunal de segunda instancia, compuesto por las juezas Ivana García y Carolina Marín, ratificó la exclusión de las pruebas. Ante esta situación, el fiscal Núñez apeló al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que finalmente falló a favor de la Fiscalía, convalidando las pruebas y testimonios que habían sido desestimados.

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Esta decisión es un paso significativo hacia el juicio por jurados que se desarrollará en relación con este caso. Los imputados, Emanuel Cotut, Jonathan Andrés Luna Almada, Walter Eduardo Medina y Marcos Antonio Wilipan, enfrentan cargos por el delito de "Incendio Estragoso." En caso de ser declarados culpables, podrían recibir penas que varían entre 3 y 15 años de prisión de efectivo cumplimiento.

Esta resolución no solo refuerza la posición de la Fiscalía en el juicio próximo, sino que también subraya la importancia de la rigurosidad en la presentación y validación de pruebas en el sistema judicial, especialmente en casos de alto impacto social.