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INVESTIGACIÓN DEL IPV DETECTA IRREGULARIDADES
Se realizó un relevamiento en Comodoro Rivadavia. Se detectaron viviendas alquiladas, revendidas e incluso abandonadas. También hay departamentos usurpados.
Comodoro29 de agosto de 2024Sergio BustosJavier Moyano, delegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia, confirmó que se está realizando un relevamiento en el barrio Treinta de Octubre, a pedido del presidente del organismo y del ministro de Seguridad. Durante esta inspección, se han identificado casos de viviendas que están siendo alquiladas o que se encuentran desocupadas, lo cual constituye una violación a la reglamentación establecida para los adjudicatarios. Moyano explicó que "nos hemos abocado a hacer un relevamiento exhaustivo del barrio Treinta de Octubre, y tenemos instrucciones de extender esta tarea a toda la ciudad en relación con los planes del IPV."
El delegado señaló que se elaborará un informe detallado de los distintos sectores del barrio para determinar los próximos pasos a seguir. Además, hizo un llamado a los vecinos interesados en hacer reclamos a acercarse a la institución para plantear sus inquietudes de manera personal. "Avanzaremos con visitas personalizadas, y por motivos de seguridad, estamos esperando instrucciones antes de proceder. Estamos cotejando la identidad de los adjudicatarios y hemos encontrado diversas irregularidades. Algunas personas no coinciden con los registros del IPV, y también hemos detectado departamentos que están alquilados o incluso usurpados."
Moyano destacó que los datos recabados incluyen un informe sobre la situación de deuda o de pago al día de la fecha. En los barrios más antiguos, la morosidad ronda entre el 30% y el 40%, lo que no resulta alarmante. "La mayoría de las familias adeuda entre una y tres cuotas. En muchos casos, esto se debe al desconocimiento, ya que las personas creen haber pagado todo, pero tienen cuotas pendientes de años anteriores, por lo que estamos notificándolos de la deuda," explicó.
El delegado también mencionó que algunas familias prácticamente no han pagado nada, acumulando deudas que pueden alcanzar los 80 mil pesos. "Quizás no parece mucho, pero la gente no lo paga," comentó Moyano. Subrayó que el objetivo del IPV es construir viviendas sociales para personas con necesidades y recursos limitados, pero lamentablemente, en algunos casos, los adjudicatarios terminan alquilando las propiedades. "Esto sucede porque realmente no necesitan la vivienda, lo que priva a otras familias de acceder a ese beneficio. Estamos trabajando para corregir estas irregularidades y pedimos a quienes están alquilando casas del plan que se acerquen para regularizar su situación."
Finalmente, Moyano no descartó la posibilidad de avanzar en la cesión y cambio de titularidad si se cumplen los requisitos y las personas están debidamente inscriptas en el IPV. "Hemos detectado irregularidades que incluyen alquileres, ventas, reventas, e incluso viviendas abandonadas. Estamos haciendo un gran esfuerzo con el poco personal que tenemos para abordar estas situaciones," concluyó.
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