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Milei avanza con las auditorías a universidades. La UBA judicializa el conflicto.
En una nueva declaración pública, el presidente Javier Milei renovó sus críticas a las universidades públicas y ratificó su decisión de auditar sus fondos. La Universidad de Buenos Aires (UBA), en particular, anunció que recurrirá a la Justicia.
Milei enfatizó que su Gobierno no cederá en el control de los fondos públicos. “Los chorros no van a tener paz en Argentina”, afirmó en una entrevista radial, refiriéndose a los manejos económicos en las instituciones.
Reacción de la UBA
Las autoridades de la UBA indicaron que consideran la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) una violación de la autonomía universitaria. Anunciaron que judicializarán la situación para frenar la intervención estatal.
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Milei sostuvo que el Estado tiene derecho a conocer el uso de los recursos públicos. Aseguró que el Gobierno investigará “qué estaban haciendo con el dinero”. Esta postura fue duramente cuestionada por representantes del sector académico.
El presidente acusó a ciertos dirigentes de utilizar a las universidades como refugio para actividades ilícitas. Calificó a las universidades como “carteras nobles” que ocultan “curros” de quienes actúan impunemente, aprovechando fondos públicos.
Resistencia en el ámbito académico
Desde la UBA y otras universidades se denunció que la auditoría estatal podría atentar contra la independencia académica. La judicialización del conflicto parece inevitable, dado el avance de la Sigen en sus investigaciones.
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Varios funcionarios del gabinete expresaron apoyo a Milei. Defendieron la auditoría de fondos como una acción necesaria para la transparencia y la justicia. Destacaron que el Gobierno continuará con las auditorías.
La Sigen, dirigida por José Luis Espert, informó que el objetivo es garantizar el buen uso de los fondos públicos. Adelantaron que las auditorías incluirán una revisión detallada de todas las cuentas de las universidades.
El presidente de la UBA, Alberto Barbieri, reiteró que la intervención de la Sigen es inconstitucional. Argumentó que el Estado no debe interferir en la gestión autónoma de las universidades.
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La respuesta de Milei
El presidente rechazó las críticas. Afirmó que “nadie está por encima de la ley” y que las universidades deben rendir cuentas. La situación generó un amplio debate en el ámbito educativo y político.
El Gobierno sostiene que las auditorías no afectarán la autonomía universitaria, sino que buscarán mejorar la transparencia. Aseguran que estas revisiones son comunes en muchas instituciones públicas.
Los rectores de otras universidades respaldaron a la UBA en su reclamo judicial. Advirtieron que podrían sumarse a las acciones legales para defender la autonomía universitaria y evitar la intromisión del Gobierno.
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Mientras la Sigen avanza con las auditorías, la comunidad académica espera el resultado de la batalla judicial. El conflicto podría sentar un precedente en la relación entre el Estado y las universidades públicas.
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