TRES AÑOS DE PRISIÓN POR VIOLAR PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO

Un caso de violencia de género en Puerto Madryn tuvo un giro inesperado. Lucas Maximiliano Hughes, condenado por agredir a su ex pareja, enfrentará tres años de prisión efectiva. Esto se resolvió luego de que desobedeciera una medida judicial de prohibición de acercamiento.

En abril de este año, Hughes había sido condenado por un juicio abreviado. El tribunal le había impuesto una pena condicional de tres años, bajo estrictas condiciones, entre ellas, no acercarse ni contactar a la víctima.

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Sin embargo, incumplió esas órdenes en reiteradas ocasiones, lo que motivó la intervención de la Fiscalía.

La fiscal Ivana Berazategui fue la encargada de llevar el caso a una nueva audiencia. Ante la reincidencia de Hughes, la fiscal solicitó la revocación de la pena condicional. Argumentó que el incumplimiento no solo es un delito, sino que también pone en riesgo la seguridad de la víctima.

La audiencia fue presidida por el funcionario Mauricio Baigorria y el juez Horacio Yangüela. Ambos autoridades decidieron hacer lugar al pedido de la Fiscalía. El juez destacó la gravedad del incumplimiento y la necesidad de garantizar la protección de la víctima.

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El juez Yangüela expresó que las medidas de restricción en violencia de género son fundamentales. Estas medidas buscan proteger a las víctimas y no pueden ser objeto de negociaciones. La reincidencia de Hughes en desobedecer la orden judicial agravó aún más su situación.

En su intervención, la fiscal Berazategui explicó que la revocación de la pena era necesaria para proteger a la víctima. "El incumplimiento de la prohibición de acercamiento derivó en la revocación de la condena", explicó la fiscal.

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Las órdenes judiciales de restricción tienen un objetivo claro: evitar más agresiones. Hughes no solo violó la ley, sino que también puso en peligro la integridad de la persona a la que debía proteger. El tribunal actuó de acuerdo con los principios de la justicia penal.

Este fallo pone de manifiesto la importancia de hacer cumplir las medidas judiciales en casos de violencia de género. El incumplimiento de estas medidas será severamente sancionado, como en el caso de Hughes. La decisión es un claro mensaje para quienes desoyen las órdenes judiciales.