EL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL SUPERA LOS 177 MIL MILLONES

El presupuesto del Poder Judicial para 2025 prioriza la infraestructura, el personal y la provisión de recursos en un escenario económico complejo.

Chubut12/12/2024

REDACCIÓN

Poder Judicial Chubut

El Poder Judicial de Chubut destinará un presupuesto total de $177.245.316.390 en 2025. Las principales asignaciones corresponden a la Judicatura con $103.860.552.005, el Ministerio Público Fiscal con $36.961.000.000 y el Ministerio de la Defensa Pública con $36.423.764.385. Según los datos del proyecto presentado a la Legislatura, al que accedió #LA17.

Los recursos se obtendrán mayormente de contribuciones de la Administración Central, con $165.427.431.004 para gastos corrientes y $5.640.016.986 para erogaciones de capital. Los recursos propios alcanzarán $6.177.868.400.

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En el área de infraestructura, se continuará la construcción de la Ciudad Judicial Dr. Marcelo A. Guinle en Comodoro Rivadavia. Esta obra es para optimizar los recursos al reducir el gasto en alquileres y aumentar la capacidad de atención.

El presupuesto incluye partidas significativas para mantenimiento y ampliación de edificios judiciales. Esto abarca trabajos en juzgados de paz, edificios propios y espacios alquilados.

El gasto en personal, estimado en $88.137.604.015, representa la mayor proporción del presupuesto. Además, se destinarán $5.965.842.220 a servicios no personales y $3.453.016.986 a bienes de uso.

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El Ministerio de la Defensa Pública, con un presupuesto de $36.423.764.385, priorizará la contratación de personal y la inversión en infraestructura propia. En tanto, el Ministerio Público Fiscal contará con partidas específicas para fortalecer sus funciones.

Los bienes de consumo y servicios suman $10.122.947.990, incluyendo $704.088.784 para materiales de oficina y $5.965.842.220 para servicios contratados. Estos recursos buscan garantizar el equipamiento necesario para el desempeño efectivo de las tareas judiciales.

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La planificación financiera incluye la autorización para utilizar depósitos judiciales inmovilizados por más de diez años. Este mecanismo permitirá generar ingresos adicionales para cubrir desequilibrios financieros.