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La ampliación de la zona protegida de Punta Tombo es un proyecto legislativo que ha generado controversia por lo que Ricardo La Regina, propietario de tierras en la zona, plantea su preocupación en una entrevista con #LA17, por la falta de consulta y el impacto de esta medida en su actividad ganadera. La propuesta busca ampliar la reserva sin aclarar el futuro de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos como La Regina que viven de la ganadería.
“Ayer me enteré abruptamente que se estaba presentando la nueva propuesta”, comentó, quien había sido informado por rumores antes de una comunicación oficial. Aseguró que el proyecto no se ha consultado ni se ha considerado la situación de los habitantes locales.
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Este proyecto legislativo también hace referencia a la expansión de la reserva en 1000 hectáreas, lo que afectaría directamente a las tierras de La Regina. Sin embargo, el dueño del campo resaltó que el proyecto “delegaba todo el poder al ejecutivo”, sin especificar detalles claros sobre el uso de la tierra. Para él, “ya existe una norma que nunca se cumple, pero no se aplica”.
La Regina expresó que la ampliación de la reserva no tendría sentido sin una planificación adecuada. “El plan de manejo ya está vigente, pero no se lleva a cabo”, aseguró, y remarcó que el mismo problema persiste desde hace años: la falta de alambrado que proteja la reserva. En cuanto a los daños que puede causar el ganado en la zona de los pingüinos, propuso una solución. “Hay que compatibilizar las actividades, no somos una amenaza, es la forma de vida que tenemos”, enfatizó.
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El propietario insistió en que se debe contar con un plan ordenado para proteger tanto a los animales como a la actividad ganadera. “Es importante que la legislación acote las acciones y se asegure que las soluciones se cumplan”, resaltó, haciendo referencia a la necesidad de que las leyes sean claras y específicas.
En su conversación, La Regina también hizo alusión a que “no se habla de ninguna compensación por la ampliación de la reserva”, agregó, mencionando que en otras situaciones como el paso de tendidos eléctricos, el propietario recibe un pago por el uso de su campo. Esta falta de acuerdo generó una sensación de abuso de poder hacia los habitantes de la zona.
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El propietario también cuestionó la influencia de algunas fundaciones en el proyecto. “La fundación que promueve esta expansión nunca ha aportado nada al cuidado del ambiente”, comentó, refiriéndose a la Global Penguin Society. Según La Regina, “el proyecto no debería estar vinculado a fundaciones que no tienen relación con el cuidado de la zona”, y remarcó que el estado debería ser el encargado de garantizar la protección del medio ambiente.
En cuanto al proceso legislativo, La Regina expresó que la falta de comunicación es otro problema central. “Me enteré de la propuesta a través de rumores, nunca recibí una notificación oficial”, dijo, y destacó que las gestiones anteriores nunca fueron satisfactorias. A pesar de la falta de consulta previa, el propietario mostró su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar soluciones. “Estoy dispuesto a proteger la tierra, pero debe ser un proceso consensuado”, agregó.
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