ELIMINAN REGULACIONES EN EL SECTOR PETROLERO

El Gobierno oficializó la eliminación de una serie de regulaciones que impactaban en la actividad petrolera, encareciendo costos y limitando la competitividad del sector. La Resolución 20/2025, publicada en el Boletín Oficial, deroga normativas técnicas y procedimientos que, según el Ejecutivo, resultaban obsoletos y generaban gastos innecesarios. El anuncio forma parte de un paquete de medidas destinadas a desregular el comercio y mejorar la competitividad en distintos sectores de la economía.

Entre las disposiciones más relevantes, se eliminó la Resolución 84/2012, que regulaba los tanques fijos de almacenamiento de petróleo y otros líquidos a granel. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que "la normativa establecía cómo debía ser un tanque de almacenamiento, como si las empresas del sector no pudieran definirlo por sí mismas". Además, el funcionario señaló que la exigencia de vaciar los tanques para verificaciones periódicas generaba un residuo ambiental costoso de remediar.

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Otra de las medidas implementadas fue la derogación de la Resolución 85/2012, que establecía el Reglamento de Medidores de Petróleo y sus derivados. Según el Gobierno, la norma había quedado obsoleta y no se aplicaba de manera efectiva, ya que no contemplaba las tecnologías actuales utilizadas en el sector. Sturzenegger sostuvo que "se trató de una regulación impuesta bajo la lógica kirchnerista, que limitó la oferta de medidores y obligó a toda la industria a reemplazar equipos bajo criterios arbitrarios".

También se eliminó la Resolución 185/2000, que contenía el Reglamento Técnico sobre Medidas Materializadas de Longitud de Uso General, en sintonía con una normativa del Mercosur. El titular de la cartera desreguladora calificó esta regulación como "el caso más insólito", ya que el propio Mercosur había derogado la norma por considerarla impracticable, mientras que Argentina la mantuvo vigente sin justificación. Con esta decisión, se busca alinear las regulaciones locales con los estándares regionales y evitar normas que generen trabas innecesarias.

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La eliminación de regulaciones abarcó otras resoluciones vigentes desde 2001 hasta 2023, que según el Ejecutivo generaban sobrecostos y burocracia innecesaria. Entre ellas, se encuentran la Resolución 83/2001, 241/2014, 246/2016, 243/2017, 545/2019 y 1709/2023, todas consideradas obstáculos para la competitividad del sector. La intención es que las empresas puedan operar con mayor flexibilidad y sin intervenciones administrativas que no aportan valor real a los procesos.

Desde el sector energético, la medida fue recibida con opiniones divididas, ya que algunos actores valoran la simplificación de trámites, mientras que otros advierten sobre la posible falta de controles técnicos en aspectos sensibles. Las compañías petroleras señalaron que la normativa eliminada generaba costos adicionales, pero también garantizaba estándares de seguridad en las operaciones. La discusión ahora se centra en cómo mantener la eficiencia sin comprometer la fiscalización de la actividad.

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El Ejecutivo justificó la decisión afirmando que "es indispensable alinear las políticas del mercado interno con un modelo productivo más eficiente y simplificado". El comunicado oficial destacó que la burocracia innecesaria no solo incrementa los costos de producción, sino que también encarece los precios finales para los consumidores. Con esta medida, se busca que la industria del petróleo y sus derivados gane competitividad a nivel nacional e internacional.

Sturzenegger insistió en que las regulaciones eliminadas "eran un freno para la inversión y generaban costos artificiales que perjudicaban a toda la cadena productiva". Según el ministro, la estrategia del Gobierno apunta a reducir la intervención estatal en los mercados y permitir que la competencia defina las mejores prácticas dentro de cada sector. Los cambios buscan atraer inversiones y mejorar la productividad sin que los empresarios deban destinar recursos a trámites innecesarios.

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Desde el ámbito político, las medidas generaron fuertes debates entre oficialismo y oposición, con críticas desde sectores que advierten sobre los posibles riesgos ambientales y la pérdida de controles técnicos esenciales. Algunos referentes advirtieron que la desregulación podría favorecer prácticas que comprometan la seguridad industrial y el impacto ambiental. El oficialismo, en cambio, defiende la iniciativa argumentando que los estándares de seguridad deben ser responsabilidad de las empresas y no del Estado.

A nivel internacional, la eliminación de regulaciones busca acercar a Argentina a los modelos de libre mercado adoptados por otros países productores de petróleo. El Gobierno sostiene que la sobrecarga de normativas técnicas alejó inversiones y generó costos excesivos para las empresas del sector. Con estas modificaciones, se espera atraer nuevos proyectos y mejorar la rentabilidad de la industria.