Conflicto en El Hoyo.
El municipio de El Hoyo quedó envuelto en un escándalo. Una concejal del PRO denunció un pago millonario a una persona imposible de ubicar. No tiene CUIT. Tampoco hay contrato. El dinero ya fue transferido.
La edil Melisa Lapadu lanzó la denuncia. Pertenece al PRO. Ocupa una banca en el Concejo Deliberante de El Hoyo. “La persona no existe. El CUIT tampoco”, afirmó ante medios cordilleranos.
El acusado es el intendente César Salamín. Pertenece a Juntos por el Cambio. Ganó las elecciones con la misma lista que integró Lapadu. Ahora enfrenta el rechazo de su compañera política.
La suma que se pagó supera los 20 millones de pesos. El municipio autorizó el gasto. Según el expediente, era para tareas de tala de árboles. Pero nadie vio esa obra ni a quien la hizo.
La beneficiaria figura como Tatiana Yaqueline Vanesa Bobadilla. Aparece en una resolución municipal. La firmaron dos funcionarios del gabinete de Salamín. El secretario de Gobierno y el de Finanzas.
El pago se realizó pocos días después de recibir fondos provinciales. El Ministerio de Educación de Chubut transfirió 27 millones de pesos. Eran fondos para infraestructura escolar.
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Argentina habilita el autoservicio de combustibles con controles estrictos y auditorías obligatoriasCuatro días más tarde, giraron 20 millones. La resolución lleva fecha posterior al ingreso de la partida. La transferencia se autorizó sin mayores detalles. El destino fue una persona sin datos válidos.
El número de CUIT no existe. Fue verificado. El dato no corresponde a ninguna persona registrada. Tampoco hay constancia de inscripción fiscal. No hay monotributo ni actividad habilitada.
El domicilio también es falso. La dirección figura en El Bolsón. Es de Río Negro. “Fuimos hasta allá. No vive nadie con ese nombre”, aseguró Lapadu. Lo constató personalmente.
No hay contrato ni facturas. El municipio no presentó documentación respaldatoria. Tampoco respondieron los pedidos de información del Concejo Deliberante. “Todo huele mal”, dijo la edil.
El pago fue autorizado por Febo Sosa y Leonardo Guerrero. Son funcionarios de primera línea. Ocupan cargos clave. Firmaron una resolución por más de 20 millones de pesos. La aprobaron sin controles.
El municipio argumenta que usaron el dinero para pintar una escuela. Mencionan a la Escuela N° 81. Celebró su centenario. Pero no hay informes ni presupuestos presentados.
Lapadu asegura que no se justifica esa cifra. Afirma que pintar una escuela no cuesta tanto. Pide que se presenten los documentos. “Sin contrato, sin facturas y sin respuesta del Ejecutivo”, repite.
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La denuncia ya llegó a la Justicia. El fiscal Carlos Mayer recibió los papeles. El expediente tiene número de legajo. La causa quedó registrada bajo el número 6736.
La concejal presentó un Proyecto de Comunicación. Fue hace diez días. Pide toda la información sobre ese pago. Exige documentación completa. Hasta ahora, no hubo respuesta oficial.
También solicita informes sobre otra situación irregular. Se refiere a la Escuela Técnica 7727. Un árbol cayó sobre el techo. Hubo daños graves. Nadie asumió responsabilidad.
El municipio había contratado una tala cercana. El trabajo terminó mal. El árbol cayó sobre el edificio escolar. Los vecinos denunciaron el hecho. El Ejecutivo lo minimizó.
Salamín habló de un accidente. Evitó responsabilidades. No dio detalles del contrato. Tampoco explicó por qué trabajaban cerca de una escuela sin precaución.
Tres concejales pidieron una investigación. Quieren saber quién autorizó esa tarea. También buscan establecer el daño económico. El apeo se hizo sin controles.
La polémica crece cada día. La suma del pago sorprende. También inquieta la falta de datos. No hay constancia de trabajos realizados. No hay fotos, informes ni testigos.
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La mujer que recibió el pago no aparece. Nadie la conoce en El Hoyo. Tampoco en El Bolsón. Su nombre no figura en bases de datos. No tiene redes sociales.
La oposición habla de corrupción. Denuncia manejos irregulares. Apunta contra el Ejecutivo municipal. Exige una auditoría externa. Quiere una investigación a fondo.
El oficialismo guarda silencio. Ningún funcionario salió a defender la operación. No explicaron el destino de los fondos. Tampoco aclararon por qué no tienen pruebas del trabajo hecho.
La comunidad educativa también está preocupada. Se sienten usados para justificar gastos. Docentes de la Escuela 81 niegan haber solicitado esa obra. No sabían nada del tema.
Los padres piden transparencia. Quieren saber si el dinero se usó bien. También si alguien asumirá responsabilidad. Quieren respuestas del intendente.
El Concejo espera respuestas oficiales. Lapadu insiste con pedidos formales. Aún no recibió una sola hoja. “No pueden esconder la verdad para siempre”, advierte.
El caso llegó a medios provinciales. También generó repercusiones en redes. Vecinos comparten la resolución. Cuestionan la falta de control y supervisión interna.
Los millones se fueron en silencio. Nadie los vio. Nadie sabe a dónde fueron. El intendente no contesta. La oposición exige rendición de cuentas.
La Justicia ahora tiene la última palabra. El expediente ya está en marcha. Podrían citar a declarar a funcionarios. Las pruebas serán clave. El escándalo ya está instalado.
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