incendio casa de gobierno
Este martes, la jueza penal Eve Ponce dio a conocer su fallo en la causa por los incendios y destrozos ocurridos en edificios públicos de Rawson en diciembre de 2021. La resolución alcanzó a ocho personas imputadas. Seis fueron declaradas penalmente responsables por distintos delitos y dos resultaron absueltas. El caso tuvo un fuerte impacto institucional y social desde su inicio.
Ponce declaró inválido el alegato fiscal respecto a las penas solicitadas. Lo consideró defectuoso desde el punto de vista formal. Por ello, ordenó que se realice una nueva audiencia de cesura, donde se evaluarán las penas correspondientes solo para quienes fueron hallados culpables. La Oficina Judicial de Rawson deberá fijar fecha para ese acto procesal.
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Los delitos imputados incluyeron daño agravado, incendio y hurto agravado. Los hechos juzgados se produjeron en el contexto de las protestas contra la ley de zonificación minera, que derivaron en disturbios frente al Superior Tribunal de Justicia y otros organismos públicos. El fallo marca un cierre parcial de una causa que se extendió por más de tres años.
Fueron hallados penalmente responsables: Lucas Alexis Espinoza, Lourdes Ariadna Nicole Molina Leguiza, Damián Andrés Díaz y Nicolás Alejandro Díaz, por daño agravado. Gastón Velásquez fue condenado por tres hechos de daño agravado, en concurso real con hurto agravado. En el caso de Mauricio Naum Vargas, la jueza lo responsabilizó por incendio en concurso real con hurto agravado.
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En cambio, Lautaro Martínez y Brian Díaz fueron absueltos. La jueza indicó que no se pudo acreditar su responsabilidad penal en los ataques al Superior Tribunal de Justicia y al Ministerio Público Fiscal. La absolución fue libre, sin reservas, por falta de pruebas.
El tribunal también dispuso la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense. Se ordenó la elaboración de informes psicológicos y socioambientales respecto a uno de los condenados. Estos documentos serán tenidos en cuenta en la próxima etapa del juicio.
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Además, la jueza Ponce resolvió poner en conocimiento de la Procuración General de la Provincia la posible comisión de delitos de acción pública. No se precisó a qué hechos o personas se refiere esta observación. Pero podría derivar en nuevas investigaciones vinculadas a los disturbios.
El fallo representa un avance en una de las causas judiciales más complejas surgidas tras el estallido social de fines de 2021. Las protestas antimineras derivaron en una serie de hechos violentos que incluyeron incendios, saqueos y destrozos en sedes oficiales.
La lectura del veredicto había generado expectativas luego del fallecimiento de uno de los imputados, Lautaro Martínez, encontrado sin vida horas antes. El juicio continúa con seis condenados y una nueva instancia en la que se definirán las penas. El proceso fue seguido de cerca por organismos judiciales, entidades sociales y sectores políticos.
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