César Siles, ministro de Justicia de Bolivia.
El Gobierno de Bolivia confirmó este lunes que las elecciones generales previstas para el 17 de agosto se llevarán a cabo sin modificaciones, pese a los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Así lo anunció el ministro de Justicia, César Siles, quien descartó que las acciones judiciales tengan capacidad jurídica para alterar el calendario electoral vigente.
En conferencia de prensa, Siles explicó que los seis recursos constitucionales en trámite no tienen efectos retroactivos. Cuestionan, entre otros puntos, la falta de paridad de género en las fórmulas presidenciales y la escasa inclusión de pueblos indígenas en las candidaturas. Pero, de acuerdo al funcionario, cualquier decisión del TCP será aplicable únicamente en procesos futuros.
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“No hay ninguna posibilidad legal, jurídica ni constitucional de suspender las elecciones”, sentenció el ministro. Remarcó que “el proceso electoral ya está en marcha y no puede ser interrumpido”, en función del principio de preclusión. También aclaró que el TCP podría exhortar cambios normativos o declarar inconstitucionales artículos de la Ley de Organizaciones Políticas, pero sin efectos inmediatos.
Las demandas fueron impulsadas por actores diversos. Entre ellos, el diputado oficialista Israel Huaytari, el exmagistrado Gualberto Cusi y organizaciones indígenas como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Nación Qhara Qhara. Todos apuntan a los artículos 5 y 28 de la normativa vigente, que regulan requisitos de participación política.
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Uno de los reclamos más discutidos es el de paridad en los binomios presidenciales. El planteo exige que, en caso de que el candidato a presidente sea varón, la compañera de fórmula deba ser mujer, o viceversa. El objetivo es garantizar representación equitativa de género en los cargos más altos del Ejecutivo.
El Tribunal Constitucional aún no emitió fallo sobre los recursos, pero el Ejecutivo asegura que no habrá impacto sobre el proceso actual. La postura oficial se sostiene en que cualquier cambio normativo requeriría una ley futura. Hasta entonces, se aplican las reglas ya establecidas.
Fuente: N A
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