El 77% de las trabajadoras domésticas en Argentina continúa sin registro formal

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que el 77 % de las trabajadoras domésticas en Argentina no se encuentran registradas formalmente. El dato surgió en el marco de un encuentro realizado en la Biblioteca Nacional, donde participaron representantes de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Diana Edith García, directora del Tribunal, explicó que uno de los factores centrales detrás de esta situación es el "desconocimiento" de muchos empleadores respecto de los procedimientos necesarios para formalizar las relaciones laborales en este sector.

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"En estos vínculos suele haber un grado afectivo, casi familiar, que a veces deriva en la falta de registro. Muchas veces el empleador no sabe cómo realizar el trámite, no hay maldad, sino falta de información", señaló García durante su exposición.

La funcionaria también advirtió que una parte importante de los empleadores son adultos mayores, algunos con dificultades de movilidad o manejo de herramientas digitales, lo que les impide completar los registros aún si tuvieran la intención de hacerlo.

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Otro de los factores detectados es la alta participación de trabajadoras migrantes en el sector. Según el Tribunal, muchas de ellas piden explícitamente no ser registradas debido a su situación migratoria irregular o por temor a ser identificadas, ya que, en ocasiones, llegan al país huyendo de contextos difíciles.

García subrayó que, en general, los empleadores de mayor nivel económico sí formalizan el vínculo laboral, incentivados en parte por los descuentos en el impuesto a las ganancias. Sin embargo, en los sectores de clase media —que contratan trabajadoras para tareas cotidianas o el cuidado de niños— la situación es mucho más irregular.

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Actualmente, cuando el Tribunal constata la falta de registro, puede dictar una sentencia que da intervención al organismo de recaudación para que persiga judicialmente al empleador. No obstante, García advirtió que esta acción "no produce un beneficio para la trabajadora", ya que los aportes recuperados van al Estado y no al empleado afectado.