Procurador Jorge Miquelarena.
Jorge Miquelarena reclamó explicaciones sobre la investigación de los incendios en Fontana 50. El Procurador General de la provincia sostuvo que existían pruebas suficientes para llevar a juicio a unas 30 personas identificadas tras los incidentes de diciembre de 2021, pero que esto no ocurrió.
La falta de imputaciones preocupa al jefe de los fiscales de Chubut. Miquelarena recordó que apenas sucedieron los ataques se conformaron equipos de trabajo para investigar los daños ocasionados en los edificios públicos de Rawson, en especial en Casa de Gobierno.
"Deberían haber sido llevadas a juicio", aseguró Miquelarena ante los medios. El funcionario cuestionó que, a pesar de las pruebas recogidas en el lugar de los hechos, las personas señaladas no fueron imputadas ni sometidas a proceso judicial.
La jueza Eve Ponce solicitó expresamente revisar todo lo actuado en su sentencia. Según explicó Miquelarena, la magistrada observó que existían elementos suficientes para avanzar en causas específicas relacionadas con la quema de Fontana 50.
El Procurador advirtió que la situación "no ha concluido" y que tomará medidas. Explicó que analizará en profundidad el estado de la investigación y que impulsará las acciones necesarias para que los responsables enfrenten un juicio.
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Los incendios a edificios públicos ocurrieron en diciembre de 2021. Durante esos días, numerosos manifestantes ingresaron violentamente a dependencias gubernamentales, provocando destrozos, quemas y sustracción de documentación oficial.
Miquelarena conformó equipos de investigación desde el primer momento. La gravedad de los hechos llevó a dividir las investigaciones según los edificios atacados, siendo uno de los focos más importantes la destrucción en Fontana 50.
Uno de esos equipos se enfocó en el ataque a Casa de Gobierno. Este grupo de investigadores trabajó intensamente en la recolección de pruebas, análisis de imágenes y testimonios de testigos presenciales de los hechos.
El grupo investigador había logrado identificar a unas 30 personas. Estas personas habrían tenido participación directa en los destrozos y en el incendio, según surge de las actuaciones reunidas en el expediente.
Miquelarena manifestó su sorpresa por la ausencia de juicios. Aseguró que esperaba ver progresos más contundentes en las causas abiertas y que la falta de imputados le resulta llamativa y preocupante para la credibilidad institucional.
"Me llama la atención que no haya imputados aún", señaló el Procurador. Recalcó que se deben asumir responsabilidades y que el Poder Judicial no puede dejar en la impunidad hechos tan graves contra las instituciones provinciales.
La revisión de la investigación será realizada cuando finalice la cesura. El Procurador explicó que tras este paso procesal podrá acceder a toda la documentación necesaria para evaluar el estado actual de cada causa abierta.
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El Procurador analizará todos los documentos relacionados con el caso. A partir de ese análisis, decidirá si corresponde reimpulsar imputaciones, abrir nuevos procesos o corregir actuaciones anteriores que hayan quedado incompletas.
El equipo que investigó la quema de Casa de Gobierno fue liderado por el Dr. Rivarola. El Procurador recordó que en su momento se trató de un trabajo conjunto, aunque ahora será necesario revisar qué decisiones se tomaron y por qué.
Miquelarena planteó dudas sobre el avance real de la causa. La falta de resultados visibles y de imputaciones firmes genera interrogantes sobre la efectividad de las investigaciones que fueron realizadas en aquel momento.
La falta de imputaciones podría exponer fallas graves en el proceso judicial. Miquelarena advirtió que será necesario determinar si hubo errores de procedimiento, demoras injustificadas o falta de impulso procesal adecuado.
La sentencia de Ponce generó un fuerte impacto en la Procuración. La magistrada fue muy clara al señalar que existían elementos probatorios suficientes para ampliar las imputaciones y avanzar hacia el juicio de los responsables.
El Procurador dejó en claro que las responsabilidades deben determinarse. Consideró que, en respeto a la sociedad y a la institucionalidad, no se pueden tolerar omisiones ni demoras que favorezcan la impunidad de quienes cometieron los hechos.
"Vamos a revisar todo y actuar en consecuencia", subrayó Miquelarena. El jefe de fiscales se comprometió a retomar todas las líneas de investigación necesarias y a llevar los expedientes hasta donde las pruebas permitan.
El ataque a Casa de Gobierno significó un daño institucional profundo. No solo afectó la estructura edilicia, sino que representó también un atentado simbólico contra la democracia y la estabilidad de las instituciones provinciales.
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El fuego afectó oficinas, documentos y bienes públicos esenciales. Muchas áreas del gobierno provincial debieron ser reubicadas o reorganizadas por la gravedad de los daños que se registraron durante aquellos violentos incidentes.
La sociedad aún espera respuestas claras sobre lo sucedido en 2021. Los ciudadanos exigen justicia y que los responsables de los destrozos sean juzgados y condenados conforme a derecho, para que hechos similares no se repitan.
El reclamo de Miquelarena busca reactivar causas estancadas. El Procurador remarcó que el tiempo transcurrido desde los hechos no puede ser una excusa para abandonar las responsabilidades judiciales que corresponden.
Fontana 50 fue uno de los símbolos más atacados durante aquellas jornadas. El edificio principal del gobierno provincial sufrió daños severos, tanto en su estructura como en el contenido documental que albergaba.
El avance de las investigaciones será crucial para garantizar justicia. El Procurador insistió en que esclarecer estos hechos resulta indispensable para la recuperación de la confianza pública en las instituciones.
La Procuración analiza reimpulsar imputaciones para llegar finalmente a juicio. El objetivo es que todos los involucrados rindan cuentas ante la justicia y que el proceso sirva como ejemplo de que la violencia no queda impune.
Miquelarena pidió celeridad para no agravar la desconfianza pública. Advirtió que si la justicia no avanza de manera firme y clara, la percepción social de impunidad puede profundizarse, dañando aún más la legitimidad estatal.
La revisión integral de las causas podría abrir nuevas líneas de investigación. El Procurador no descartó que surjan nuevos elementos o responsabilidades durante el análisis exhaustivo de todo lo actuado hasta la fecha.
Miquelarena anticipó que buscará dar respuestas contundentes a la ciudadanía. Concluyó que el respeto por las instituciones comienza por hacer cumplir la ley sin excepciones y llevando a juicio a quienes dañaron el patrimonio público.
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