Imputan a un juez por corrupción y lo inhiben en más de 1.500 millones de pesos

El juez federal Marcelo Bailaque fue imputado por una extensa lista de delitos vinculados al uso indebido de su función pública y quedó sujeto a una prisión preventiva de 90 días, aunque su condición de magistrado lo ampara con inmunidad de arresto. La decisión se tomó este miércoles en una audiencia realizada en los Tribunales de Rosario, donde también se ordenó la inhibición de bienes del magistrado por un valor estimado en 1.500 millones de pesos.

Entre los cargos que pesan sobre Bailaque figuran extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y allanamiento ilegal, en el marco de tres expedientes judiciales impulsados por fiscales federales y organismos especializados como PROCELAC y PROCUNAR.

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Una de las causas centrales lo vincula directamente con Esteban Lindor Alvarado, un conocido narcotraficante condenado, cuya investigación judicial se vio afectada por presuntas demoras deliberadas. Según los fiscales, Bailaque mantuvo vínculos con el asesor contable del entramado de empresas de Alvarado y su ex pareja, lo que explicaría una inacción de once meses en la causa por narcotráfico.

Otro expediente detalla un accionar coordinado con un empresario y un exfuncionario de la AFIP para presionar judicialmente a dos financistas con el objetivo de exigirles dinero. Los fiscales aseguran que se usaron las estructuras del Estado para montar causas con fines extorsivos.

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Además, se lo acusa de favorecer al empresario Fernando W. mediante resoluciones judiciales arbitrarias. Este empresario es, además, su amigo personal y beneficiario directo de fallos que permitieron el manejo de fondos millonarios de cooperativas portuarias en favor de una financiera.

Como parte de las medidas cautelares, el juez de garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de Bailaque, tanto en pesos como en dólares, exceptuando su cuenta sueldo, y restringió el uso de tarjetas asociadas.

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Los fiscales que lideraron la acusación en la audiencia fueron Juan Argibay Molina (PROCELAC), Matías Scilabra (PROCUNAR NEA) y Federico Reynares Solari, de la Unidad Fiscal Rosario, quienes remarcaron la gravedad institucional de los hechos.

La continuidad del proceso quedará sujeta a una definición del Consejo de la Magistratura y a posibles decisiones sobre su inmunidad como juez federal, mientras la causa avanza como uno de los casos más comprometedores del sistema judicial en Santa Fe.

Fuente: NA, Infobae