Abren investigación contra Guillermo Quiroga por el manejo de fondos de ATE

La Cámara Penal de Trelew confirmó la investigación penal contra Guillermo Quiroga. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado enfrenta una denuncia por el desvío de fondos millonarios entre 2019 y 2023. El fallo estuvo firmado por los jueces María Tolomei y Marcelo Nieto Di Biase. En su resolución, también rechazaron el pedido de apartamiento de la jueza Eve Ponce, quien seguirá a cargo de la causa.

Los magistrados validaron el inicio del proceso penal preparatorio. Afirmaron que la jueza Ponce respetó los requisitos legales y garantizó los derechos del imputado. “No caben dudas de que el Ministerio Público posee la obligación de investigar lo ocurrido”, remarcaron en su fallo. También descartaron cualquier irregularidad en la decisión inicial de abrir la causa. Consideraron que Ponce notificó correctamente a las partes, controló la legalidad del trámite y verificó la presentación del fiscal anticorrupción.

La denuncia surgió a partir de un grupo de afiliados al sindicato. Aseguraron que Quiroga retiró alrededor de 60 millones de pesos de las cuentas de ATE. Los gastos no tuvieron respaldo. El dinero se habría usado para pagar viajes, muebles, tarjetas personales y consumos ajenos al gremio. Además, los denunciantes señalaron que durante cuatro años no se presentaron balances ni rendiciones de cuentas.

El fiscal Omar Rodríguez tomó la investigación. Solicitó el levantamiento del secreto bancario. Con esa medida, accedió a los movimientos de cuentas personales. También incorporó testimonios, entrevistas y documentos administrativos. El monto total bajo sospecha corresponde a cuotas sindicales de afiliados. Para los jueces, “la víctima no es sólo ATE, sino también sus afiliados”.

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Oscar Romero Bruno, defensor del sindicalista, había recusado a la jueza Ponce. Argumentó temor de parcialidad. Sin embargo, Tolomei y Di Biase desestimaron el planteo. Afirmaron que no existía motivo razonable para apartarla del caso. “No se ha verificado ni un solo motivo – menos serio o razonable – que funde un temor de parcialidad”, sentenciaron los magistrados.

El fallo también rechazó la idea de un fuero especial para gremialistas. “El control del Ministerio de Trabajo no significa la existencia de un régimen penal distinto”, remarcaron los jueces. Aclararon que los dirigentes sindicales no gozan de inmunidad. Deben responder ante la Justicia cuando hay denuncias por delitos comunes. La igualdad ante la ley incluye a quienes manejan fondos públicos o sindicales.

Según el fiscal Rodríguez, la causa se abrió en mayo de 2024. El expediente se demoró por diversas maniobras dilatorias de la defensa. La estrategia jurídica de Quiroga buscó frenar el avance del proceso. Presentó nulidades, recusaciones y apelaciones para postergar los pasos claves. A pesar de ello, la Justicia mantuvo el rumbo de la investigación.

El fallo se expresó sobre la exposición pública del acusado. Indicó que los funcionarios sindicales deben aceptar el control social. “Las personas que ocupan cargos importantes están sometidas al escrutinio público”, subrayaron los jueces. También afirmaron que la repercusión mediática no impide el avance del proceso judicial. El impacto en la imagen del imputado no corresponde analizarlo en esta instancia.

El dinero investigado salió de aportes sindicales. Son recursos públicos con destino específico. Debieron usarse para actividades gremiales, beneficios para trabajadores o gastos administrativos. Sin embargo, la acusación asegura que se destinaron a consumos personales. En el expediente figuran viajes, muebles, electrodomésticos y pasajes. También aparecen movimientos hacia cuentas bancarias de personas cercanas.

ATE no rindió cuentas durante cuatro años. Entre 2019 y 2023 no se presentaron balances anuales. Tampoco hubo informes internos ni aprobaciones en asambleas. Los afiliados aseguran que no sabían cómo se administraba el dinero. Recién en 2024 un grupo impulsó la denuncia. Reunieron pruebas, consultaron abogados y se presentaron ante el Ministerio Público Fiscal.

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La Unidad Anticorrupción tomó el caso. El fiscal Rodríguez pidió medidas urgentes. Solicitó informes bancarios, cruzó datos y ordenó peritajes contables. También pidió registros de compras. La jueza Ponce autorizó esas medidas. Dio lugar a cada presentación de la Fiscalía. Por eso, los jueces confirmaron que actuó con imparcialidad y en el marco legal.

El expediente judicial avanza en etapa preliminar. Aún no hay fecha para una eventual audiencia de formulación. Pero la causa ya tiene respaldo judicial. El fallo de Tolomei y Di Biase consolida la investigación. Marca un precedente para casos similares. Los jueces avalaron el derecho de los trabajadores a conocer el destino de sus aportes.

La defensa de Quiroga intentó frenar el avance. Planteó nulidades, recusaciones y excepciones. Ninguna prosperó hasta el momento. La Cámara Penal rechazó todos los reclamos. Consideró que la investigación tiene sustento suficiente. También valoró la prueba presentada. El proceso continuará con medidas probatorias, testimoniales y análisis bancarios.

La resolución judicial fortalece el control institucional sobre los gremios. Aunque tienen autonomía, no están exentos de la ley penal. Si un dirigente sindical comete delitos, debe responder ante la Justicia. No existe protección jurídica para delitos con fondos colectivos. La causa avanza con el respaldo del sistema judicial.

En el expediente figuran más de veinte pruebas iniciales. Hay informes bancarios, declaraciones de afiliados, planillas internas, gastos sin justificar y extractos de tarjetas. También se incluyen correos electrónicos y documentos de compras. La Fiscalía sostiene que ese material basta para abrir la causa.

La jueza Ponce deberá continuar con la investigación. Tiene la responsabilidad de coordinar las próximas medidas. El Ministerio Público podrá seguir reuniendo pruebas. También puede solicitar medidas cautelares si lo considera necesario. El expediente ahora se consolida como una causa de interés público.