“Cobraban sin trabajar”: Imputan a funcionarios de bosques por fraude al estado
Chubut07/05/2025
Sergio Bustos
Procurador Ismael Cerda.
La Justicia de Chubut avanza con una causa por fraude a la administración pública en la Secretaría de Bosques. Dos exfuncionarios fueron imputados formalmente por haber cobrado sueldos sin presentarse a trabajar durante más de un año en Esquel.
Los cargos alcanzan al exdirector general de Programas y Proyectos y al exsecretario de Bosques. Ambos estuvieron en funciones entre mayo de 2022 y mayo de 2023. Durante ese período, uno de ellos nunca habría pisado la oficina.
La fiscal jefa María Bottini y el procurador Ismael Cerda llevan adelante la investigación. Ambos representan a la Agencia de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal. La acusación central es fraude al Estado con participación necesaria y abuso de funciones.
Según la Fiscalía, los imputados simularon una relación laboral y falsearon presencia efectiva. No hay registros de asistencia, ni tareas asignadas, ni evidencias de contraprestación alguna. “El cargo fue ficticio”, afirmaron fuentes de la investigación.
El exdirector fue acusado como autor de dos hechos en concurso real. En tanto, el exsecretario figura como partícipe necesario de la maniobra y como responsable de incumplimiento de deberes públicos. Ambos aparecen comprometidos por igual.
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Los investigadores reunieron documentación oficial, registros internos, planillas de asistencia y testimonios. La evidencia muestra que el exdirector jamás realizó actividades específicas ni participó en reuniones, informes ni tareas de gestión.
En mayo de 2023 se ejecutó una segunda maniobra que agravó la situación. El exdirector fue reubicado en un nuevo cargo dentro del Gabinete. Tampoco cumplió funciones en esa etapa.
La designación le otorgaba un nuevo rango directivo. Sin embargo, los investigadores aseguran que continuó cobrando sin asistir. La mecánica fue la misma durante los dos períodos analizados.
El juez penal Carlos Richeri autorizó la apertura de la investigación preparatoria. La medida habilita a los fiscales a continuar con más pruebas, declaraciones y nuevas imputaciones. El proceso ya se encuentra en marcha.
Los imputados optaron por no declarar en esta etapa. Ejercieron su derecho a no prestar testimonio ante la acusación inicial. Sus defensas tampoco emitieron comentarios públicos.
La causa se concentra en Esquel, pero podría extenderse a otras áreas. El Ministerio Público analiza si existieron otros casos similares dentro del organigrama provincial. La lupa apunta a designaciones discrecionales sin control real.
Los fiscales descartaron que haya existido error administrativo o negligencia. Aseguraron que hubo intención clara de obtener un beneficio económico sin contraprestación. Por eso la figura de fraude aparece como eje del expediente.
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El daño patrimonial aún no fue cuantificado, pero sería importante. Durante más de un año, el Estado pagó sueldos y cargas sociales por un cargo que nunca fue ocupado efectivamente.
La investigación detectó que nadie advirtió la situación dentro del área. Tampoco se emitieron alertas, auditorías internas ni sanciones. El esquema se sostuvo sin objeciones visibles.
La Fiscalía solicitó informes complementarios a organismos provinciales. Busca establecer si existieron responsabilidades políticas o administrativas en el diseño del nombramiento. También quiere conocer cómo se autorizaban los pagos mensuales.
La maniobra habría comenzado con un acuerdo informal entre ambos imputados. Uno proponía al otro, y luego gestionaban sueldos como si existiera una función activa. Ningún control interno frenó el mecanismo.
Los delitos que se investigan tienen penas de prisión e inhabilitación. El fraude al Estado se sanciona con severidad cuando existe continuidad y coordinación entre los implicados. La prueba apunta en ese sentido.
La causa generó repercusión en Esquel y en la región cordillerana. Diversos sectores sociales y gremiales pidieron mayor control sobre los cargos políticos. También exigieron auditorías transversales.
El actual gobierno no realizó declaraciones públicas sobre el tema. Desde el Ejecutivo esperan la evolución del expediente antes de intervenir administrativamente.
La figura del “ñoqui” estatal volvió a instalarse en el debate provincial. El término define a quienes cobran sin trabajar. El caso de Bosques reactualiza esa discusión.
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El Ministerio Público prepara nuevas medidas. No se descarta que se amplíen las imputaciones o se llamen a declarar a testigos clave.
La defensa aún puede presentar descargos, pruebas o pedidos de sobreseimiento. Hasta ahora, la postura fue el silencio procesal. Ninguno ejerció la palabra ante el juez.
La fiscal Bottini ya elevó otros casos similares en años anteriores. Especializa su tarea en delitos contra la administración pública. Este expediente sería uno de los más graves de su gestión.
El procurador Cerda también trabaja sobre otros casos paralelos. Algunos involucran designaciones políticas en áreas sensibles. La búsqueda apunta a prácticas repetidas.
Las pruebas reunidas podrían permitir una acusación formal antes de fin de año. La expectativa de la Fiscalía es avanzar hacia el juicio oral con una base sólida.
En caso de condena, los implicados enfrentarían penas de hasta seis años. También quedarían inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los gremios estatales reclamaron respeto por los trabajadores reales. Denunciaron que estas prácticas dañan la imagen de los empleados públicos que sí cumplen funciones.
Organizaciones ciudadanas de Esquel reclamaron mayor transparencia. Propusieron crear un sistema público de control de asistencia y tareas por cada cargo.
El caso puso en evidencia fallas de control. También mostró cómo algunos funcionarios logran permanecer en el sistema sin cumplir obligaciones.
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