Se amplía la investigación sobre Insaurralde: apuntan a Cirio, Peredo y transferencias millonarias al exterior

La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó en las últimas horas una serie de nuevas medidas judiciales que involucran a su exesposa Jésica Cirio y a su excolaborador de máxima confianza, Juan Pablo Peredo. La investigación, ahora a cargo del juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, busca determinar el origen de fondos no declarados, transferencias al exterior y la supuesta utilización de testaferros para justificar bienes.

Uno de los ejes de la causa es la transferencia de casi 500.000 dólares desde cuentas de Cirio hacia Estados Unidos. Según consta en la documentación, buena parte del dinero fue enviado a la firma Zumba Fitness LLC entre 2016 y 2023, bajo el argumento de representar la marca en Argentina. La Justicia investiga si estos pagos encubrieron operaciones destinadas a justificar la fortuna de Insaurralde, incluyendo el lujoso viaje a Marbella que detonó el escándalo en 2023.

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El fiscal también solicitó informes al Banco Galicia, Banco Nación y Banco Provincia sobre más de 60 transferencias realizadas por Insaurralde entre 2009 y 2025. Además, pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que determine si la escritura en la que Cirio aparece donando 200.000 dólares fue reportada como sospechosa. La certificación de esa operación, realizada por el escribano Adrián Uriel Cohen, también es objeto de revisión por presuntas irregularidades.

Otro foco central del expediente es Juan Pablo Peredo, actual integrante del Tribunal de Cuentas bonaerense y señalado como el nexo de Insaurralde con empresarios del juego. La Justicia investiga si Peredo figura como titular de inmuebles y oficinas utilizadas por el exintendente para encubrir patrimonio no declarado. También se analiza el vínculo entre estas propiedades y el sobrino de Insaurralde, Gastón Barrachina, quien ya está imputado.

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Las medidas ordenadas por el juez incluyen pedidos de documentación a agencias de turismo, el Colegio de Escribanos, la UIF y diversas empresas vinculadas a la actividad lúdica, como Casino Victoria, Plumari y el Hipódromo de Palermo. Cirio habría facturado a estas firmas más de $115 millones en dos años, según los registros analizados.

El caso, que tuvo su origen tras la difusión pública de fotos del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici en el yate Bandido, cobró nuevo impulso con este paquete de medidas que apunta a desentrañar una presunta red de simulaciones y movimientos financieros irregulares.

Fuente: Infobae, NA, La Nación