Fiscalía boliviana pidió 20 años de cárcel por el intento de golpe militar

La Fiscalía de Bolivia solicitó una condena de 20 años de prisión para el general Juan José Zúñiga y otros 21 imputados. Los acusa de haber intentado tomar el Palacio de Gobierno con tanques y tropas armadas en junio de 2024. Según el fiscal Carlos Tórrez, se identificó el rol individual de cada acusado.

El 26 de junio de 2024, fuerzas militares comandadas por Zúñiga irrumpieron en la plaza Murillo con vehículos blindados. La maniobra buscaba desplazar al presidente Luis Arce y tomar el poder político por la fuerza. La acción fue rápidamente contenida por fuerzas leales al Gobierno.

La acusación incluye los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado y violación de la Constitución. El pedido de pena máxima se apoya en pruebas que vinculan a los exjefes militares con la organización del operativo. También se señala la participación de cinco civiles por complicidad.

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“Estamos solicitando la pena máxima de 20 años por terrorismo”, explicó el fiscal Tórrez en conferencia de prensa. Agregó que los otros delitos también contemplan condenas severas. Para los civiles involucrados, el pedido es de 15 años de prisión.

De los 22 imputados, 17 son miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos los generales Juan Arnéz Salvador y Marcelo Javier Zegarra. La acusación considera que ellos integraban el núcleo decisor de la intentona golpista. Los cinco civiles habrían colaborado con apoyo logístico y comunicación.

La investigación judicial se apoya en más de 143 testimonios, documentos, videos y fotografías. Según la Fiscalía, ese material permite reconstruir la estructura de mando del fallido golpe. También respalda la imputación individual de cada procesado.

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Actualmente, más de 100 personas están bajo investigación por su presunto rol en el intento de derrocamiento. Al menos 20 permanecen detenidas de manera preventiva mientras avanza el proceso. Cinco militares de alto rango fueron expulsados de la institución.

Las autoridades insisten en que el juicio será transparente y con base en pruebas fehacientes. El Gobierno de Luis Arce mantuvo silencio público respecto al pedido fiscal. Sin embargo, reiteró su compromiso con la institucionalidad democrática.

Fuente: NA.