Ministerio de Economía
El Ejecutivo prepara un esquema para reducir controles y simplificar el impuesto a las Ganancias, sin pasar por el Congreso. El objetivo es que argentinos con dólares en efectivo puedan usarlos sin enfrentar inspecciones. Especialistas advierten que se trata de un posible “blanqueo encubierto”.
El plan será anunciado este jueves y busca incentivar el uso de ahorros no declarados. La medida se presentará como parte de una “simplificación” del régimen para trabajadores de la cuarta categoría y autónomos. El Gobierno asegura que no será un blanqueo.
Desde la Casa Rosada sostienen que se eliminarán exigencias en la declaración jurada del impuesto a las Ganancias. La iniciativa apunta a los 390.000 autónomos con ingresos superiores al tope del monotributo. El foco está puesto en facilitar el uso de dinero informal sin castigo fiscal inmediato.
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“No son delincuentes, son héroes”, dijo Milei sobre quienes tienen dólares fuera del sistema. El Presidente insistió en que busca “liberar” el uso de esos fondos sin persecución estatal. El plan fue diseñado por una mesa chica cercana a Luis Caputo.
Según tributaristas, la AFIP (rebautizada como ARCA) podría dejar de exigir el detalle patrimonial. Esto incluye no pedir información sobre bienes al 31 de diciembre ni justificar el consumo anual. También se evalúa eximir de controles operaciones de hasta US$ 100.000 anuales.
Para Sebastián Domínguez, se eliminaría el “cruce de datos” entre ingresos, activos y consumos. Eso impediría a ARCA verificar inconsistencias entre lo que se declara y lo que se gasta. También reduciría el riesgo de inspecciones por incremento patrimonial no justificado.
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Sin embargo, especialistas alertan sobre los límites legales del plan. La Constitución impide al Ejecutivo modificar impuestos sin ley del Congreso. Cualquier cambio sustancial al régimen de Ganancias o Bienes Personales debería pasar por el Parlamento.
La tributarista Teresa Gómez advirtió que usar dólares no declarados exige múltiples normas complementarias. Una de ARCA, otra del Banco Central y otra de la UIF. De lo contrario, las operaciones podrían ser detectadas y sancionadas como lavado de dinero.
Gómez explicó que la UIF obliga a bancos, escribanos y contadores a reportar operaciones sospechosas. Si no se puede justificar el origen del dinero, esos reportes deben enviarse en un plazo de hasta 90 días. Eludir ese proceso implicaría romper compromisos con el GAFI.
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Argentina logró aprobar en 2024 una evaluación clave del GAFI. Evitó así quedar en la lista gris, que restringe el acceso al crédito e inversiones extranjeras. Las nuevas medidas podrían generar tensiones si se perciben como retroceso en transparencia.
El Gobierno apuesta a que esta estrategia reactivará parte del circulante en dólares guardado fuera del sistema. Pero la falta de consenso legislativo y las advertencias legales podrían complicar su aplicación. La oposición evalúa judicializar el tema si avanza por decreto.
Fuente: Clarín.
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