Caso Vialidad: El Procurador pidió condenar a Cristina Kirchner a 12 años con prisión efectiva
Actualidad15/05/2025
REDACCIÓN
Casal Cristina AI
La causa Vialidad vuelve a tomar fuerza tras el dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien este miércoles respaldó el pedido del fiscal Mario Villar y solicitó que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a doce años de prisión. En su escrito, Casal consideró que la expresidenta no sólo debe ser responsabilizada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sino también como jefa de una asociación ilícita.
Con esta intervención, la Corte Suprema ya tiene habilitada la instancia para pronunciarse sobre los recursos presentados por las partes. Entre ellos, figura el planteo de la defensa de la exvicepresidenta, quien busca que se revise la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal n.º 2 y confirmada por la Cámara de Casación.
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La fiscalía sostiene que entre 2003 y 2015 se ejecutó una estructura delictiva dentro del Estado, articulada para desviar fondos públicos a través de 51 licitaciones de obras viales en la provincia de Santa Cruz. En este esquema, la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, habría sido beneficiada como contratista exclusivo, con pagos garantizados incluso sin avances de obra.
En su dictamen de 13 páginas, Casal respaldó el análisis del fiscal Villar al señalar que “el grupo de imputados no planificó una lista cerrada de delitos, sino que actuó con el fin general de cometer actos corruptos”. De ese modo, justificó la figura de asociación ilícita, incluso cuando los delitos concretos investigados ya estén determinados.
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El Procurador cuestionó el criterio del tribunal que descartó la asociación ilícita, argumentando que considerar a los hechos como uno solo —por su continuidad en el tiempo— diluye la existencia de un plan organizado. Por el contrario, indicó que al haberse desarrollado durante tres presidencias diferentes (Néstor Kirchner, Cristina Kirchner 2007–2015), hubo continuidad, pero también tres momentos organizativos y decisorios distintos.
En cuanto al exministro de Planificación Julio De Vido, Casal pidió que se revoque su absolución. Lo responsabiliza como organizador del entramado delictivo, por haber autorizado los fondos necesarios que permitieron que Báez obtuviera todas las licitaciones bajo análisis. El dictamen remarca que “no puede considerarse su actuación como neutral o dentro del marco legal”.
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La acusación incluye también a otros exfuncionarios como José López y Nelson Periotti, y sostiene que la maniobra no fue producto de desprolijidades administrativas, sino de una estructura delictiva estable, con roles asignados y objetivos definidos: desviar dinero público a través de la obra vial.
Con el dictamen de Casal, la Corte Suprema de Justicia queda en condiciones de resolver si acepta o no los recursos de queja presentados por las defensas. El análisis podría concluir con la confirmación definitiva de las condenas, lo que significaría prisión efectiva e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
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Cristina Fernández de Kirchner, en tanto, sostiene que la sentencia fue arbitraria, con graves irregularidades y que el proceso respondió a motivaciones políticas. Su defensa alega que el fallo tiene defectos sustanciales que deben ser corregidos en esta instancia.
Fuente: NA, Clarín, Ámbito
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