Exigen que las prepagas informen los aumentos antes de avisar a sus afiliados
Actualidad16/05/2025
REDACCIÓN
Prepagas
El Gobierno nacional dispuso una nueva regulación sobre los aumentos de precios que aplican las empresas de medicina prepaga. A partir de ahora, deberán informar previamente a la Superintendencia de Servicios de Salud cualquier suba que pretendan aplicar a sus cuotas, antes de comunicárselo a sus afiliados. Así lo establece la Resolución 645/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca ejercer una forma más estricta de fiscalización ante los incrementos que afectan directamente a millones de usuarios del sistema privado de salud. El texto de la norma aclara que la presentación de esta información será obligatoria y que su cumplimiento es condición necesaria para que el aviso a los usuarios tenga validez. En caso contrario, las empresas podrían enfrentar sanciones o impugnaciones a los aumentos.
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La resolución señala que la notificación a la Superintendencia debe realizarse dentro del mismo plazo en que las prepagas deben comunicar los aumentos a sus clientes. El objetivo es que tanto el Estado como los usuarios accedan a la información en simultáneo, lo cual permitiría detectar abusos antes de que se concreten. “El cumplimiento de este procedimiento es considerado un requisito indispensable”, afirma la normativa.
Durante 2024, el Gobierno mantuvo una fuerte tensión con el sector de la medicina privada por los aumentos aplicados. A pesar de denuncias formales, exhortos públicos y decisiones judiciales parciales, las cuotas siguieron incrementándose al ritmo definido por las propias empresas. Esto generó malestar en los afiliados, quienes denunciaron subas por encima de la inflación.
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Con la nueva medida, la administración de Javier Milei intenta reforzar su capacidad de control sin apelar, por el momento, a topes obligatorios o esquemas de regulación de precios. La estrategia apunta a recuperar margen de maniobra institucional y supervisar de forma anticipada los movimientos del sector. Desde la Superintendencia se indicó que esta resolución “fortalece la fiscalización” y permite monitorear el mercado con mayor eficacia.
En la práctica, la norma obliga a las prepagas a transparentar sus decisiones comerciales ante el Estado antes de ejecutarlas. Esto abre la puerta a posibles intervenciones si los aumentos se consideran irrazonables o carentes de sustento. Sin embargo, el Gobierno no aclaró si tendrá la facultad de frenar o anular un aumento ya comunicado.
Fuente: N A
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