Sandra Arroyo Salgado
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue confirmada al frente de la causa que investiga el presunto pago de sobornos por parte de la empresa estatal de energía de Entre Ríos (ENERSA) a la firma de seguridad privada Securitas.
La resolución fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó un recurso de queja interpuesto por la defensa de los imputados y ratificó la competencia del juzgado de San Isidro. La investigación involucra directamente al ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider.
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Los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo avalaron así un fallo anterior de la Cámara Federal de San Martín, que había desestimado un planteo para que el tramo vinculado a ENERSA se apartara del expediente principal conocido como "Causa Securitas". El proceso se inició en 2019 cuando, tras un cambio de gestión en su filial argentina, la empresa sueca de seguridad presentó una autodenuncia al detectar movimientos financieros irregulares por millones de dólares.
La empresa admitió haber pagado coimas a funcionarios de distintos organismos públicos, tanto nacionales como provinciales, para garantizar la continuidad de contratos de servicios de seguridad y agilizar el cobro de deudas. Entre los organismos mencionados figuran AYSA, RENAPER, SENASA, ANMAC y ENERSA. La causa, que tramita desde 2020 bajo la conducción de Arroyo Salgado, reúne un volumen de pruebas significativo y ya cuenta con pedidos de extradición.
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En lo que respecta al caso ENERSA, uno de los principales implicados es el ex senador Edgardo Kueider, quien también se desempeñó como directivo de la compañía estatal de energía en la etapa en que Securitas habría realizado los pagos indebidos.
Kueider fue detenido recientemente en Paraguay junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, cuando intentaban ingresar al país con 200 mil dólares sin declarar. Ambos se encuentran bajo arresto domiciliario y la Justicia argentina ya solicitó su extradición.
La magistrada que lleva la causa solicitó avanzar con nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación patrimonial de Kueider. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó informes a la AFIP y al Banco Central, además de requerir las declaraciones juradas del ex legislador y documentación societaria de la empresa Betail, a través de la cual el imputado habría adquirido departamentos en Paraná. Los inmuebles están vinculados a desarrolladoras ligadas a otros acusados del caso, como Claudio y Marcelo Tortul.
Fuente: N A
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