


El autoservicio en estaciones de servicio ya cuenta con aval legal en la Argentina. El Decreto 46/2025 y la Resolución 147/2025 permiten el autodespacho, sin imponer su obligatoriedad, en un contexto marcado por la desregulación impulsada por el gobierno nacional.


El nuevo sistema promete eficiencia y reducción de costos, pero también despierta preocupación por su impacto laboral. El reemplazo de tareas humanas por tecnología pone en duda la estabilidad de miles de puestos en un sector con fuerte arraigo territorial.
“Estas liberalizaciones, en lugar de generar empleo, tienden a profundizar la precarización existente”, sostuvo el abogado laboralista Pedro Burgos. Según el especialista, el avance del autoservicio no puede analizarse de manera aislada, ya que forma parte de un proceso de transformación más amplio que debilita la posición del trabajador.
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La nueva legislación laboral extiende el período de prueba a seis meses y elimina penalidades por empleo no registrado. Estas reformas, según Burgos, abaratan los despidos y reducen los márgenes de defensa para el empleado ante posibles arbitrariedades.
El sistema de autoservicio exige inversiones importantes en tecnología y seguridad. Las estaciones deberán contar con equipamiento homologado, corte automático, señalización visible y auditorías técnicas cada dos años o ante cualquier modificación del sistema.
Desde el sector empresario, algunas voces defienden el cambio como una oportunidad. Bajo esquemas mixtos, varias petroleras ya combinan el autoservicio con atención tradicional, especialmente en horarios nocturnos o en zonas de baja circulación.
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La modalidad permitiría optimizar recursos y mantener los estándares de calidad. En este escenario, la reconversión de funciones aparece como una alternativa frente al reemplazo directo.
El debate sobre el futuro del empleo en estaciones de servicio ya comenzó. Cámaras empresarias y sindicatos analizan escenarios, con posiciones cruzadas sobre el verdadero alcance del cambio. El autodespacho modifica hábitos, redefine tareas y altera el vínculo laboral tradicional. En un clima de reformas y tensiones sociales, la implementación sin consenso podría derivar en conflictos evitables.
Fuente: Surtidores









