La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza el primer caso de esterilización forzada en Perú

Casi tres décadas después de la muerte de Celia Ramos, el sistema interamericano comienza a juzgar su caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realiza este jueves la primera audiencia por una denuncia de esterilización forzada en Perú. La información fue publicada por Noticias de América, el podcast de Radio Francia Internacional conducido por Ana María Ospina.

Ramos murió en 1997, a los 34 años, tras someterse a una ligadura de trompas en Piura, en la costa norte del país. Según las investigaciones, fue presionada por el personal médico para acceder a la intervención, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). Esta política fue impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori con el objetivo declarado de reducir la natalidad en sectores empobrecidos e indígenas.

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Catalina Martínez, abogada de la familia Ramos, calificó el juicio como un hecho histórico. Representante del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina, aseguró que “le va a abrir la puerta a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”. La causa fue impulsada por las tres hijas de Celia, quienes reclaman justicia desde hace 28 años.

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Los abogados solicitan que los hechos sean considerados crímenes de lesa humanidad. Se trata de violaciones sistemáticas, coercitivas y dirigidas a un grupo vulnerable, como lo fueron las mujeres indígenas y pobres. Aunque la CorteIDH no es un tribunal penal, podría utilizar ese concepto para caracterizar la magnitud del daño.

La Corte ya ha incorporado instrumentos del derecho penal para evaluar violaciones graves a los derechos humanos. Si reconoce esta figura jurídica, podría recomendar al Estado peruano la reapertura de investigaciones penales internas. Eso permitiría procesar a funcionarios involucrados, aún sin implicar al propio Fujimori, quien ya fue condenado por otros delitos.

Entre 1996 y 2000, se registraron más de 272.000 esterilizaciones femeninas bajo el gobierno de Fujimori. Aunque no existen cifras exactas, expertos estiman que una parte significativa se realizó sin consentimiento informado o bajo coerción. Muchas de las víctimas nunca supieron con claridad los riesgos ni las consecuencias de los procedimientos.

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“No son casos aislados. Las mujeres fueron sometidas a ligaduras sin su consentimiento”, reafirmó Martínez. La estrategia buscaba reducir la tasa de fecundidad sin considerar los derechos individuales de las personas afectadas. El daño fue masivo y aún permanece sin reparación para la mayoría de las víctimas.

Si la Corte emite una condena, el fallo tendrá carácter obligatorio y podría incluir disculpas oficiales del Estado. Los abogados esperan que ese reconocimiento provenga del más alto nivel institucional. El proceso también podría sentar jurisprudencia para casos similares en América Latina.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional