Comenzó el juicio por la muerte de 10 adultos mayores por covid en un geriátrico

Policiales23/05/2025

geriátrico Apart Los Incas

Comenzó en la Ciudad de Buenos Aires el juicio por la muerte de diez adultos mayores que fallecieron por Covid-19 durante un brote en el geriátrico Apart Los Incas, ubicado en el barrio de Belgrano. El proceso, que se desarrolla en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12, busca establecer responsabilidades penales por una tragedia que conmovió al país en plena pandemia. En total, 28 residentes se contagiaron en el establecimiento.

Los imputados son Luis Daniel Megyes, Hugo Visca y Carla Raffo, titulares y directivos del geriátrico, acusados por homicidio culposo agravado, violación de medidas sanitarias durante la pandemia, lesiones culposas y múltiples omisiones en el cuidado de los residentes. La fiscalía sostiene que los acusados no solo incumplieron protocolos, sino que también ocultaron síntomas y retrasaron la intervención sanitaria.

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Durante las audiencias, también se pone el foco en las irregularidades detectadas en el lugar entre 2017 y 2020, cuando inspecciones oficiales ya advertían problemas estructurales y administrativos. A pesar de ello, nunca se dispuso su clausura. La investigación señala que esa omisión pudo haber evitado el brote fatal de coronavirus.

La imagen de varias ambulancias del SAME estacionadas frente al geriátrico, auxiliando a los ancianos en plena cuarentena, quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de la desprotección de los más vulnerables. Ahora, la Justicia busca esclarecer cómo fue posible que el lugar siguiera funcionando a pesar de sus deficiencias.

Uno de los testimonios más duros durante el inicio del juicio fue el de Sergio Federovisky, ex secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, cuya madre era residente del establecimiento. “Lo que ocurrió ahí fue una catástrofe potenciada a niveles escandalosos”, denunció. En una entrevista, señaló que hubo un abandono generalizado por parte de los responsables del geriátrico y también de las autoridades de control.

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Federovisky apuntó especialmente contra Paula Verónica Trunzo, Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos del Gobierno de la Ciudad, a quien se acusa de omisión en sus deberes de control. Según el ex funcionario, “durante 72 horas, el geriátrico estuvo al mando de un electricista y personal de mantenimiento”, en medio de un brote descontrolado de Covid-19.

Las víctimas, personas de edad avanzada y en situación de extrema vulnerabilidad, murieron entre abril y mayo de 2020, cuando aún regía el confinamiento más estricto. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el establecimiento no contaba con un plan de contingencia, ni con personal médico suficiente. También se detectó que no se informaron a tiempo los primeros casos de fiebre y que se demoró la intervención del SAME.

El proceso judicial busca determinar si las muertes fueron producto de la negligencia de los directivos o si también existieron responsabilidades estatales por falta de control. La acusación incluye cargos por el incumplimiento de protocolos básicos, como la falta de aislamiento, la omisión de derivaciones médicas y la ausencia de supervisión sanitaria.

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La defensa de los imputados sostiene que actuaron bajo circunstancias excepcionales y que la magnitud de la pandemia superó sus capacidades de respuesta. Aducen que siguieron los lineamientos emitidos por las autoridades y que hubo una reacción tardía de parte del sistema de salud. Sin embargo, las pruebas documentales señalan que varios avisos previos no fueron atendidos.

El juicio continuará en las próximas semanas con la presentación de testigos, pericias e informes técnicos. La expectativa está puesta en que se analicen a fondo los controles previos, las decisiones administrativas durante el brote y la respuesta de los responsables. Para muchos, no se trata solo de castigar a los culpables, sino de visibilizar un drama que afectó a miles de familias.

Fuente: N A