Marina mercante: “El decreto de Milei lesiona la soberanía y el trabajo argentino”
Política26/05/2025
Sergio Bustos
Peligra la marina mercante nacional.
Un grupo de diputados nacionales formalizó un proyecto de resolución para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que establece un Régimen de Excepción para la Marina Mercante Nacional. La presentación considera que la medida afecta gravemente los intereses estratégicos del país y vulnera el marco constitucional vigente.
La iniciativa legislativa sostiene que el DNU “lesiona gravemente la soberanía nacional, el trabajo argentino y la competitividad estratégica del sector naval”. Los diputados afirman que se trata de una política estructural que debería haberse tratado por vía legislativa y no mediante un decreto unilateral.
El decreto fue publicado recientemente en el Boletín Oficial. Según el Gobierno, busca crear un nuevo marco normativo para fomentar inversiones privadas, aumentar la competitividad del sector fluvial y generar empleo. La oposición, sin embargo, cuestiona el contenido y la forma del decreto.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra la autorización para que buques extranjeros realicen tareas de cabotaje en aguas argentinas, incluso sin tripulación nacional. Para los legisladores opositores, esa decisión representa una entrega del control sobre rutas estratégicas y una amenaza al empleo local.
El proyecto solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso que emita un dictamen urgente sobre la invalidez del DNU, en línea con el procedimiento establecido por la Constitución Nacional. El objetivo es dejar sin efecto una norma que, según expresaron, no cumple los requisitos legales exigidos.
El artículo 99 inciso 3° de la Constitución limita el uso de DNU a situaciones de necesidad y urgencia, donde no sea posible recurrir al Congreso. Para los firmantes, esta situación no configura un caso excepcional, sino una reforma estructural del régimen marítimo nacional.
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Los diputados también denuncian que la norma fomenta condiciones de trabajo precarias, al permitir embarcaciones sin personal argentino y con regulaciones laborales internacionales más laxas. Temen una pérdida de derechos laborales en el sector fluvial y una destrucción del entramado industrial vinculado a la actividad.
El rechazo fue encabezado por legisladores del bloque Unión por la Patria, entre ellos Diego Giuliano, Marcela Passo, Ramiro Gutiérrez, Agustina Propato y Carolina Yutrovic. También firmaron representantes de Santa Cruz, Mendoza, Corrientes, Tucumán y La Rioja.
Llamó la atención la firma de Gustavo González, diputado de La Libertad Avanza por Formosa, quien se sumó a la iniciativa. Es el único legislador del oficialismo que adhirió al proyecto de resolución contra el decreto presidencial.
Los fundamentos del proyecto insisten en que el decreto “abre la puerta a la precarización y a la destrucción del tejido industrial nacional vinculado a la industria naval y fluvial”. Además, plantean que la medida pone en peligro la formación profesional de trabajadores y técnicos del sector.
La presentación fue girada a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que deberá analizar la validez del DNU. La comisión, integrada por diputados y senadores, tiene la facultad de emitir un dictamen sobre la constitucionalidad de decretos presidenciales.
Desde el sector sindical también se expresaron en contra del decreto. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) alertó sobre las consecuencias negativas en términos de empleo y soberanía operativa.
Astilleros, gremios navales y cámaras empresarias del sector fluvial reclamaron la derogación del decreto. Denunciaron que el nuevo régimen desalienta la producción local y favorece a empresas extranjeras sin compromiso con el país.
El DNU 340/2025 plantea una desregulación total del cabotaje marítimo, permitiendo el ingreso de flotas foráneas con costos laborales inferiores. Los legisladores consideran que esto generará una competencia desleal que podría expulsar del mercado a operadores nacionales.
El oficialismo defiende el decreto con el argumento de atraer inversiones y modernizar la logística marítima. Aseguran que la norma permitirá bajar costos de transporte, dinamizar el comercio y aumentar la eficiencia portuaria.
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Desde la oposición aseguran que se trata de una “privatización de facto” de las vías navegables. Rechazan la liberalización sin controles de un sector estratégico, clave para la soberanía y el desarrollo industrial.
La discusión ya genera fuertes divisiones en el Congreso. Se espera que el debate se traslade a la Bicameral y que, si el dictamen es negativo, el decreto sea debatido en ambas cámaras.
El tratamiento legislativo podría habilitar la votación de rechazo en el recinto. Si ambas cámaras rechazan el decreto, perderá vigencia. Si una sola cámara lo aprueba, quedará firme.
La medida recuerda al intento de Milei de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente mediante decreto. En aquel caso, también hubo presentación legislativa para invalidar el acto administrativo del Ejecutivo.
La industria naval ocupa un rol central en el transporte de bienes en el país. El cabotaje permite conectar provincias, abastecer puertos y mover productos a menor costo que por rutas o trenes.
La historia argentina muestra una protección sostenida del sector fluvial. Las leyes históricas reservaron el cabotaje para embarcaciones nacionales con tripulación argentina, promoviendo empleo y producción local.
El nuevo decreto rompe con esa tradición legislativa y habilita una apertura inédita. Para sus detractores, esta medida implica ceder recursos logísticos estratégicos a operadores extranjeros.
El gobierno todavía no respondió formalmente al proyecto de resolución. Pero funcionarios del área de Transporte defendieron la medida en medios de comunicación, reafirmando que se trata de una “reforma necesaria”.
La coalición opositora analiza nuevas acciones para frenar el decreto. Además del proyecto presentado, podrían solicitar audiencias públicas, informes técnicos y apoyo institucional de universidades y gremios.
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Las organizaciones de trabajadores navales convocan a movilizaciones para visibilizar el reclamo. Piden a los legisladores que rechacen el decreto y exijan un debate abierto sobre el futuro del sector.
La política naval se transformó en un nuevo frente de disputa entre oficialismo y oposición. El resultado del tratamiento del DNU podría sentar precedentes para futuras iniciativas presidenciales similares.
El Congreso tendrá un rol clave en la definición del rumbo. La Bicameral deberá evaluar el equilibrio entre inversión privada, derechos laborales y soberanía nacional.
La discusión refleja un modelo de país en pugna. Para algunos, liberalizar es crecer. Para otros, proteger es construir futuro. El debate ya está en marcha.
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