


En una entrevista concedida al programa El Quinto Poder por #LA17, el diputado provincial Juan Martín expuso una crítica abierta al reparto de fondos acordado entre el gobierno de Río Negro y el consorcio VMOS SA, en el marco de una inversión de casi 3.000 millones de dólares. Si bien manifestó su respaldo a la iniciativa general, remarcó que el diseño de distribución “es insuficiente” y “profundiza las desigualdades territoriales”.


Uno de los principales cuestionamientos del legislador estuvo dirigido al escaso porcentaje destinado a los municipios. “Ese cinco por ciento no alcanza para nada”, sentenció, al tiempo que denunció la marginación de Sierra Grande, la localidad clave en el esquema productivo de la obra. Según detalló, el impacto directo del proyecto no se traduce en mejoras concretas para la comunidad.
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Martín contrastó la evolución de Sierra Grande con el crecimiento sostenido de otras ciudades portuarias. “Madryn creció 14 veces más en 50 años. Sierra Grande, en cambio, perdió habitantes y sigue sin agua, gas ni pavimento”, afirmó. También recordó oportunidades perdidas, como la fallida instalación de la planta nuclear de hidrógeno verde, que representaba una inversión de 8.000 millones de dólares. “El mismo gobierno la firmó y luego se echó atrás”, criticó.
Para el legislador de la oposición, la falta de planificación estratégica impide que las localidades rionegrinas puedan capitalizar el efecto económico de este tipo de megaobras. Alertó que el municipio no tiene margen financiero ni operativo para afrontar nuevas demandas, mientras que el gobierno provincial “usa los fondos para generar dependencia política”. Aseguró que solo los municipios oficialistas reciben aportes, en tanto que los opositores “no reciben nada”.
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Martín también se mostró preocupado por la posible construcción de una ciudad satélite cerca de Sierra Grande, sin intervención local ni marco legal. “Compartimos la preocupación por una ciudad paralela. Todo esto se hace sin legislación que limite arbitrariedades”, advirtió.
La crítica se extendió a la Legislatura de Río Negro, a la que acusó de actuar como “una escribanía del Ejecutivo”. Denunció que no hay calendario de sesiones, y que las reuniones dependen del “humor del vicegobernador”. En su opinión, esta situación “daña la democracia y deslegitima al Poder Legislativo”.
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Además, subrayó que la falta de leyes adecuadas abre la puerta a inversiones extranjeras sin contralor, como ocurrió con el proyecto de hidrógeno verde que finalmente se trasladó a Brasil. “Faltó una atmósfera política que lo empuje”, lamentó.









