Eliminan la “capacidad constructiva” y modifican el sistema de contrataciones de obra pública

El Gobierno nacional oficializó un cambio profundo en el sistema de contratación de obra pública, con el objetivo de simplificar los procesos y ampliar la competencia. A través de la Disposición 24/2025 publicada en el Boletín Oficial, se reglamentaron los nuevos mecanismos de adjudicación. La normativa elimina el esquema anterior basado en la “capacidad constructiva”, considerado una barrera de entrada.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, calificó el sistema anterior como “un dislate que funcionó durante 70 años”. Aseguró que existía una estructura legal que favorecía la cartelización y restringía la participación de nuevos actores. “Hoy caen las barreras de entrada y se termina el corazón del sistema anterior”, declaró.

Uno de los principales cambios es que las empresas sin experiencia previa podrán competir acreditando patrimonio o garantías equivalentes. Antes, debían demostrar obras previas en el país, lo que excluía a constructores del ámbito privado o internacional. Ahora podrán participar en igualdad de condiciones con las empresas tradicionales.

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La reglamentación se enmarca en el Decreto N° 206/25, que estableció la eliminación de registros obsoletos y la creación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO). Este sistema incluirá a todos los interesados en participar en licitaciones públicas, tanto proveedores como contratistas. El SICO aún no está plenamente implementado, pero ya comenzó su integración progresiva.

La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) será la encargada de administrar el nuevo esquema, flexibilizando los criterios de calificación. El sistema anterior obligaba a las empresas a presentar antecedentes de hasta diez años, incluyendo balances y certificaciones. El nuevo marco simplifica el trámite y reduce la carga documental.

Con este cambio, se elimina también la ponderación de compromisos asumidos por las empresas, lo que antes limitaba su capacidad de presentarse a nuevas licitaciones. Ya no se tendrá en cuenta el volumen de obras en curso ni se aplicará un tope a la capacidad de contratación. Este aspecto era visto como un mecanismo para repartir obras entre un grupo reducido de empresas.

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La nueva normativa busca abrir el juego a nuevos actores, tanto nacionales como extranjeros, sin exigirles una trayectoria en obra pública. Se valorarán tanto antecedentes en obra pública como en el sector privado, y se aceptará documentación del exterior. Esto podría atraer inversiones y ampliar el universo de oferentes.

Las empresas pequeñas y medianas también podrán acceder a licitaciones sin enfrentar los requisitos que antes solo podían cumplir las grandes constructoras. El Gobierno considera que esto estimulará la competencia y mejorará la calidad y los precios de las ofertas. El objetivo declarado es desarmar el sistema que, según Sturzenegger, garantizaba un reparto entre pocos.

Para los expertos del sector, la eliminación de la “capacidad constructiva” marca un antes y un después en la obra pública argentina. Si bien celebran la simplificación administrativa, también advierten sobre la necesidad de controles efectivos para garantizar la calidad de los proyectos adjudicados. El desafío será evitar la subcontratación informal o la baja ejecución.

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El Ejecutivo sostiene que la obra pública no necesita subsidios ni restricciones, sino reglas claras, previsibles y transparentes. Apunta a un modelo de gestión que reemplace la discrecionalidad por mecanismos abiertos y competitivos. La ONC seguirá publicando nuevas disposiciones en el proceso de implementación.

Fuente: NA.