Investigan a exfuncionario judicial de Comodoro por coimas y coacciones

Se concretó en los tribunales penales del barrio Roca de Comodoro Rivadavia una audiencia clave: se formalizó la apertura de la investigación penal contra F. A. C., abogado y exfuncionario judicial, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacciones agravadas. La acusación detalla múltiples hechos ocurridos durante su gestión en el Juzgado Laboral N.º 2.

Según expuso el fiscal general Julio Puentes, Calandra habría cobrado sumas de dinero a personas involucradas en causas judiciales, ocultando su inhabilitación para actuar en esos expedientes por haber intervenido previamente como abogado particular. También se le atribuye el uso indebido del sistema judicial para consultar causas y un llamado amenazante en plena investigación penal.

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Uno de los hechos detallados señala que el 7 de mayo de 2023, ya en funciones como auxiliar letrado, el imputado solicitó a una persona identificada como A. C. la suma de $78.000 bajo el pretexto de realizar una pericia contable. Calandra omitió excusarse pese a haber actuado previamente como abogado patrocinante en ese mismo expediente. Una conducta similar se le atribuye en otro caso, donde habría solicitado $60.000 para una pericia psicológica.

Otro episodio relevante ocurrió el 22 de junio de 2023. Calandra habría solicitado a una oficial superior del Juzgado Laboral N.º 1 que le permitiera acceder al sistema Libra para consultar expedientes. El fiscal consideró que esto constituyó una clara violación a la Ley de Ética Pública, que le impedía intervenir directa o indirectamente en causas bajo su jurisdicción funcional.

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Pero el hecho más grave señalado en la audiencia es un llamado telefónico intimidatorio ocurrido el 25 de julio de 2024. Según la acusación, F. A. C. habría llamado desde un número privado al celular de A. C., siendo atendido por su pareja, a quien amenazó de muerte. “Les voy a dar una semana para que se vayan de Comodoro porque si no les voy a tirotear la casa”, habría dicho, agregando insultos y amenazas directas hacia A. C.

La defensa de F. A. C., representada por el abogado Franco Mellado, no se opuso a la formalización de la investigación. La jueza penal Lilian Borquez resolvió dar curso a la apertura formal del proceso, reconociendo la validez de la acusación y garantizando la defensa técnica del imputado.