Hay expectativas por la reunión.
La Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una reunión entre el SOMU, SIMAPE y las cámaras pesqueras. El encuentro se realizará este jueves a las 15 horas en Buenos Aires, en un clima de fuerte tensión sindical y reclamos empresariales por los altos costos y la falta de rentabilidad.
El pedido fue impulsado por las cámaras CAPeCA, CAPIP y CEPA. Presentaron una nota formal para iniciar un proceso de revisión del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que regula la actividad de la flota congeladora desde 2005. La propuesta apunta a revisar componentes salariales clave.
Los empresarios quieren modificar el ítem producción. El documento firmado por Eduardo Boiero, Agustín de la Fuente y Fernanda Grimaldi propone reducir un 30% ese concepto, que incide directamente en los haberes de los marineros.
También se plantean cambios en la liquidación del sueldo anual complementario (SAC). Las cámaras consideran que deben revisarse aspectos estructurales del sistema de remuneraciones y actualizar las bases de cálculo según valores de referencia más ajustados a la realidad del mercado.
El gremio rechazó de plano la propuesta de modificación. “El convenio colectivo no será revisado”, afirmaron voceros del SOMU, que calificaron el intento como un avance sobre derechos adquiridos y una provocación directa a los trabajadores.
La tensión aumentó desde que se conoció la nota empresarial. Los marineros consideran que las cámaras buscan imponer ajustes sin consenso, mientras la actividad permanece paralizada y sin previsión de salida para la flota.
Los empresarios advierten una crisis estructural en el sector. En la nota enviada a la cartera laboral, aseguran que la actividad enfrenta una caída drástica de rentabilidad y que el negocio no resulta sustentable bajo las condiciones actuales.
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El texto denuncia la pérdida de competitividad frente al langostino de cautiverio. Afirman que el producto argentino pierde terreno en mercados internacionales debido a los altos costos internos y a la presión impositiva que afecta al sector.
Entre los reclamos se encuentra la suspensión de los derechos de exportación (DEX). También pidieron una reducción de los Derechos Únicos de Extracción (DUE) para aliviar la carga fiscal que soportan las empresas.
Los gremios sostienen que los ajustes no deben caer sobre los salarios. “Los trabajadores no pueden pagar la crisis”, indicaron dirigentes del SOMU y del SIMAPE, que también fue convocado al encuentro en la Secretaría de Trabajo.
El Consejo Federal Pesquero se reunirá el mismo día. El sector espera que allí se defina la fecha para la próxima prospección de langostino en aguas nacionales, que continúa demorada en medio del conflicto.
La flota sigue amarrada y los ingresos congelados. Los marineros atraviesan una etapa crítica, sin actividad desde hace meses, y con fuerte presión económica sobre sus hogares.
Las cámaras empresarias afirman que buscan sostener la actividad. Insisten en que los cambios son necesarios para evitar el colapso de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
El SOMU desconfía de los argumentos patronales. Denuncian que las cámaras no presentaron balances ni documentación que demuestre la supuesta crisis con cifras claras y verificables.
El encuentro será el primero con mediación estatal en este nuevo escenario. La Secretaría de Trabajo actuará como órgano de conciliación ante una negociación que podría definir el futuro inmediato del sector.
Los trabajadores no descartan medidas de fuerza si hay retrocesos. En asambleas realizadas en Mar del Plata y Puerto Madryn, ratificaron que no aceptarán ninguna modificación unilateral.
El gremio se apoya en el convenio de 2005 como garantía de derechos. Sostienen que el acuerdo actual fue resultado de años de lucha y consenso, y no puede ser modificado sin una causa justificada.
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Los empresarios alegan que ya están negociando con proveedores. Intentan ajustar costos por múltiples vías, pero consideran imprescindible revisar también el esquema salarial para evitar el cierre de plantas.
El sector enfrenta presiones internacionales. El langostino argentino compite con productos de menor costo, elaborados con ventajas tributarias y laborales en otros países.
El SOMU advierte que detrás del planteo hay un intento de flexibilización. “No vamos a permitir recortes disfrazados de sostenibilidad”, expresó un delegado en Puerto Deseado.
La disputa refleja el deterioro general de la industria pesquera. Los costos operativos, las trabas logísticas y la inflación impactaron de lleno en la rentabilidad de las empresas.
Los gremios remarcan que ya hubo ajustes en otras áreas. Recuerdan que los marineros absorbieron aumentos de combustibles y recortes de servicios sin que se revisaran los sueldos.
El SIMAPE respaldó la postura del SOMU. Coinciden en que cualquier cambio debe pasar por un proceso legítimo, con participación de todos los actores y sin imponer condiciones por necesidad económica.
El jueves será clave para el futuro del convenio colectivo. El resultado de la reunión podría marcar un punto de inflexión en la relación entre trabajadores y cámaras empresarias.
Las partes llegarán al encuentro sin acuerdos previos. La convocatoria oficial se dio luego de la nota de las cámaras y ante la negativa pública de los gremios a abrir la negociación.
La Secretaría de Trabajo deberá buscar puntos de equilibrio. El desafío será destrabar el conflicto sin profundizar la crisis ni afectar derechos laborales.
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El SOMU prometió firmeza en la defensa de sus representados. “Vamos a resistir cualquier intento de avanzar sobre el convenio”, aseguraron los dirigentes en su última comunicación interna.
La falta de actividad agudiza la urgencia por soluciones. Mientras no se reactive la flota, el conflicto continuará empantanado entre posturas enfrentadas.
El sector espera señales claras del Estado. Sin decisiones políticas, la crisis amenaza con extenderse y dejar consecuencias difíciles de revertir.
La reunión de este jueves será decisiva. Allí podría definirse el rumbo del convenio colectivo y el equilibrio entre rentabilidad empresaria y derechos laborales.
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