La contadora detenida estudio en Madryn.
Natalia Romina Foresio fue detenida en La Plata acusada de fraude fiscal. La mujer habría liderado una organización que emitía facturas falsas desde 2020. La maniobra incluye más de cien empresas en distintas provincias del país.
El monto de las operaciones fraudulentas supera los $4.000 millones. La investigación la llevaron adelante la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional. El expediente se inició tras una denuncia oficial en mayo del año pasado.
La Justicia federal sospecha que Foresio manejaba el esquema delictivo. Fue detenida por orden del Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. La acusan de asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
La organización emitía facturas falsas para simular gastos empresariales. También creaban facturas verdaderas con valores inflados. Con eso, las firmas obtenían ventajas fiscales y reducían el pago del IVA y del Impuesto a las Ganancias.
Las maniobras incluyeron empresas del sector de la construcción. Varias de ellas están vinculadas a licitaciones públicas. Usaban las facturas para justificar sobreprecios. La Justicia investiga si hubo defraudación contra el Estado nacional y los municipios.
El juez ordenó múltiples allanamientos en distintas ciudades. Los operativos se realizaron en La Plata, CABA, Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y Córdoba. La red tenía ramificaciones en varias provincias y un alcance nacional.
Durante los allanamientos se secuestró una gran suma de dinero. Encontraron $186.900.000, USD 348.000, 1 millón de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y monedas en euros. También incautaron archivos digitales y documentos contables.
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Parte del dinero estaba oculto en una propiedad privada. La casa pertenecía a una firma sospechada de realizar actividades financieras sin autorización. Las divisas estaban distribuidas en distintos compartimentos. No pudieron justificar su procedencia.
Según la causa, Foresio fundó una empresa en 2018 con su pareja. La firma era una sociedad de responsabilidad limitada. Desde allí habría comenzado a operar con facturación irregular, primero en su ciudad y luego en otras provincias.
La acusada será citada a indagatoria en los próximos días. La defensa aún no presentó un descargo formal. La fiscalía prepara nuevas imputaciones contra otras personas que habrían actuado como colaboradores dentro de la organización.
Las autoridades no descartan más detenciones. Los investigadores analizan vínculos bancarios y cadenas de transferencias. El expediente podría ampliarse a empresarios que utilizaron las facturas falsas para reducir tributos y obtener beneficios ilegales.
La causa revela un uso sistemático de prestanombres. La contadora habría empleado a terceros para abrir cuentas, firmar contratos y emitir facturas. Buscaban así evitar rastreos directos y diluir las responsabilidades penales.
El caso tiene similitudes con otra causa reciente en San Martín. El mes pasado, la Justicia condenó a un abogado y a un analista de sistemas por vender facturas apócrifas a 39 empresas. Ambos recibieron prisión efectiva.
Adalberto Hugo Ceriotti y Mario Daniel Hosain fueron condenados. El primero es abogado. El segundo es analista de sistemas. El tribunal determinó que operaban una red de evasión entre 2005 y 2010, con graves perjuicios al fisco.
La maniobra incluyó sociedades ficticias y contactos digitales. Ceriotti armaba estructuras jurídicas. Hosain ofrecía soluciones por correo electrónico. Las empresas simulaban gastos con esas facturas. El Estado dejó de percibir millones en tributos.
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El daño económico estimado supera los $22.605 millones actuales. El tribunal actualizó el perjuicio con índices de inflación. Se trató de una de las mayores estafas fiscales en el país en los últimos veinte años.
En ese caso, los jueces aplicaron el mínimo legal por falta de antecedentes. Sin embargo, marcaron la gravedad institucional de las operaciones. Subrayaron que las maniobras dañan el sistema tributario y afectan los fondos públicos.
En el caso de Foresio, la investigación apenas comienza. La red operaba desde hacía al menos cuatro años. Conectaba empresas, contadores y operadores financieros. La Justicia intenta identificar a todos los involucrados.
El uso de facturas truchas impacta en la obra pública. Las empresas aumentan los valores de las licitaciones. El Estado paga sobreprecios. Luego, se distribuyen beneficios entre quienes manejan el circuito de papeles falsos.
El dinero secuestrado refuerza la hipótesis del lavado de activos. Las divisas no declaradas muestran un movimiento financiero ilegal. La contadora no justificó su origen. Tampoco informó operaciones en la UIF ni en la AFIP.
Los investigadores analizan las computadoras secuestradas. Esperan recuperar correos, documentos y planillas. También estudian mensajes de WhatsApp y registros de llamadas. La información será clave para sostener las acusaciones en la causa.
La AFIP colabora activamente con el Juzgado. Aporta peritos y técnicos informáticos. Revisa datos fiscales de todas las empresas involucradas. Muchas de ellas facturaron millones en los últimos años sin tener personal ni estructura real.
El expediente puede ampliarse a delitos económicos complejos. La fiscalía analiza si hubo intermediación financiera no autorizada. Si se confirma, se sumarían cargos penales más graves para Foresio y su entorno.
Gendarmería fue clave en los operativos. Aportó inteligencia, logística y seguridad en los procedimientos. También realizó seguimientos previos y aportó registros de cámaras de seguridad que vinculan domicilios con empresas pantalla.
La detención de Foresio podría abrir nuevos procesos penales. El fiscal analiza citar a empresarios y contadores. Muchos de ellos podrían convertirse en imputados o colaboradores. La red tiene múltiples ramificaciones.
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La Justicia busca enviar un mensaje claro. Las operaciones con facturas truchas afectan al Estado. Dañan los recursos públicos. Perjudican la salud, la educación y la obra pública. La evasión fiscal no será tolerada.
La causa revela debilidades en el sistema de control. Las operaciones duraron años. Ninguna inspección las detectó. Las empresas funcionaban con normalidad. Emitían facturas y participaban de contrataciones oficiales. Nadie frenó las maniobras.
Foresio permanece detenida e incomunicada. El Juzgado ordenó preservar pruebas. Hay medidas de restricción. También podrían dictar embargos y congelamientos de bienes. La investigación avanza con velocidad. La opinión pública sigue el caso con atención.
Las facturas falsas vuelven a estar en el centro del debate. Los controles fiscales no alcanzan. La evasión crece. Las redes delictivas se profesionalizan. La Justicia necesita más herramientas. El Estado pierde dinero cada vez que alguien miente con un papel.
La causa Foresio puede convertirse en un caso testigo. La Justicia deberá demostrar que el sistema funciona. El fraude tiene consecuencias. El delito económico también se castiga.
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