

Un operativo policial realizado en el puesto 625 de Esquel dejó al descubierto una situación grave que involucra caza furtiva, transporte ilegal de animales y violación de normas sanitarias. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Segunda y derivó en el decomiso de fauna silvestre, además de la intervención de la ley provincial y el Código Alimentario.

Todo ocurrió el sábado 13 de julio a las 18:25, cuando los agentes detuvieron una Renault Trafic que circulaba con seis ocupantes a bordo. Al inspeccionar el vehículo, encontraron doce perros galgos y un ejemplar de guanaco (chulengo) ya faenado, eviscerado y despostado, en condiciones que llamaron la atención por su precariedad sanitaria.
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Los ocupantes admitieron haber ingresado sin permiso a un establecimiento rural conocido como Silbería Chica, donde realizaron la caza del animal silvestre. Al solicitar la documentación correspondiente, los hombres no contaban con ninguna autorización por escrito del dueño del campo, lo cual infringe la Ley Provincial XI Nº 10 que regula la conservación de la fauna.
En base a esta normativa, se labraron infracciones por violar los incisos b) y c) del artículo 27, que prohíben expresamente este tipo de acciones en áreas privadas sin permiso expreso. Además, se sumó una infracción al Código Alimentario Argentino por el estado del animal transportado, que no cumplía con los mínimos requisitos de salubridad.
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“El guanaco fue decomisado en el lugar por tratarse de un ejemplar faenado en forma irregular, y los ocupantes del vehículo fueron notificados formalmente”, explicaron fuentes policiales. La carne fue retenida como parte del procedimiento y se labró el acta correspondiente.
Los animales domésticos, todos de raza galgo, también fueron registrados en el acta y quedaron bajo observación debido a su posible vinculación con actividades de caza ilegal. Estos perros suelen ser utilizados para la persecución de fauna silvestre, una práctica que está prohibida por la normativa vigente en Chubut.
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Las autoridades recordaron que cualquier actividad cinegética requiere permisos específicos, tanto del Estado como del propietario de las tierras donde se realice. Sin estas autorizaciones, los responsables incurren en una serie de delitos que pueden derivar en sanciones económicas y judiciales.









