
Reactivan la causa por irregularidades en YPF y piden medidas contra Kicillof, Zannini y Baratta
Actualidad14/07/2025

El fiscal federal Ramiro González pidió reactivar la causa por supuestas irregularidades en torno a la expropiación de YPF, un expediente abierto hace más de una década y que involucra a exfuncionarios de los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Entre los imputados se encuentran Axel Kicillof, Carlos Zannini y Roberto Baratta.

La investigación, que comenzó en 2006 a raíz de una denuncia de Elisa Carrió y Paula Oliveto, había apuntado inicialmente al vaciamiento de la petrolera por parte de Repsol. Luego, se amplió tras el acuerdo que firmó Kicillof para indemnizar a la firma española con seis mil millones de dólares. Ese pago fue parte del proceso que concluyó con la expropiación de YPF en 2012.
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El pedido del fiscal apunta a esclarecer por qué durante el gobierno de Alberto Fernández se limitó el proceso judicial conocido como "Discovery" en la Corte de Nueva York. Según el exprocurador de Macri, Bernardo Saravia Frías, esa limitación impidió que se explorara si la compra del fondo Burford estaba viciada por el origen irregular de las acciones.
El magistrado Ariel Lijo, a cargo del expediente, recibió una solicitud para incorporar pruebas y avanzar en la pericia sobre la valuación de YPF, el tratamiento de los pasivos ambientales y la indemnización acordada con Repsol. González solicitó un análisis comparativo entre las valuaciones parciales y la definitiva, y pidió verificar si se ajustaron a la normativa vigente.
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Además, se reiteró el pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe sobre un exhorto enviado a España en 2019 vinculado a la quiebra del grupo Eskenazi. Esa información permitiría esclarecer cómo Burford accedió a las acciones y si hubo omisiones que favorecieron al fondo buitre.
También se busca establecer si la Procuración del Tesoro realizó alguna presentación judicial tras el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF. Ese dictamen implica un compromiso económico por 16 mil millones de dólares para el Estado nacional.
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Entre las medidas solicitadas, se destaca la intención de determinar si la valuación del 2014 incluyó correctamente intereses capitalizados, demandas pendientes y el valor real de las acciones. Carrió había denunciado que el monto indemnizatorio fue inflado para evitar un juicio internacional en el CIADI.
El fiscal consideró que la causa se encuentra en un estado estancado y busca que el juez Lijo avance con definiciones concretas. González ya presentó diez requerimientos fiscales y ahora espera que las nuevas pruebas impulsen el expediente hacia una etapa resolutiva.
Fuente: La Nación, Clarín, Perfil









