Cristina pidió arresto domiciliario sin tobillera mientras la fiscalía exige su detención inmediata

La defensa de la expresidenta reclamó el cumplimiento domiciliario de la condena por corrupción. Los fiscales Luciani y Mola solicitaron su detención sin más demoras. El juez Gorini dio cinco días hábiles para que Cristina Kirchner se entregue voluntariamente.

El pedido fue presentado en un escrito de 13 carillas, tras el fallo de la Corte que ratificó la sentencia del caso Vialidad. Allí, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron que se evite cualquier paso por una alcaidía. También pidieron que la ex vicepresidenta cumpla prisión en el domicilio que comparte con su hija Florencia.

“La pena sólo puede ser llevada a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, afirmaron los letrados. Alegaron su edad, los antecedentes de seguridad y su condición de ex jefa de Estado. Rechazaron el uso de tobillera electrónica por considerarlo innecesario.

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El juez Jorge Gorini estableció un plazo máximo de cinco días hábiles para la entrega de todos los condenados. La orden implica presentarse personalmente en Comodoro Py 2002. En paralelo, solicitó al Ministerio de Seguridad lugares aptos para alojamientos provisorios.

Desde el Ministerio Público, los fiscales Luciani y Mola consideraron excesivo el plazo otorgado. Señalaron que en el medio hay un fin de semana y un feriado nacional. Por eso exigieron la inmediata detención de Cristina Kirchner.

El planteo de la defensa incluyó la mención explícita al atentado ocurrido en 2022. “Debe evitarse toda exposición innecesaria que ponga en riesgo su vida”, dijeron los abogados. También recordaron que tiene 72 años y goza de custodia permanente.

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Afirmaron que ningún régimen penitenciario puede garantizar la integridad de una ex mandataria. “El aislamiento absoluto y la vigilancia continua no son compatibles con el derecho penal vigente”, escribieron. Por eso rechazaron la posibilidad de una cárcel común.

Indicaron que mantener la vigilancia tradicional basta para asegurar su cumplimiento de pena. Sostuvieron que “la tobillera electrónica resulta redundante y no aporta garantías adicionales”. La ley la contempla, pero puede exceptuarse por cuestiones médicas, sociales o de seguridad.

El Tribunal Oral Federal 2 deberá resolver entre los pedidos contrapuestos. Mientras tanto, Cristina Kirchner sigue en su domicilio de Recoleta, a la espera de una resolución. La polémica ya escaló en todo el arco político y jurídico del país.

Fuente: NA.