Escándalo en El Bolsón: empleados del PAMI cerraron la oficina por apoyo a Cristina

El pasado 18 de junio, la delegación de PAMI en El Bolsón permaneció cerrada al público por decisión de su propio personal, que adhirió a una medida de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Cinco empleados, entre ellos un coordinador, quedaron bajo investigación tras ocupar las oficinas sin brindar atención, en una jornada donde varios vecinos denunciaron maltrato institucional y abandono.

Una vecina, en una carta enviada al medio local Vivo Informado, relató la experiencia vivida junto a su madre de 88 años, quien no pudo realizar un trámite esencial. “Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, ni una persona que nos reciba”, escribió. Su testimonio reflejó la indignación de muchos habitantes de la zona, que se acercaron en plena mañana de invierno sin obtener respuesta ni asistencia.

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La auditoría interna reveló que los empleados se encontraban dentro del edificio, pero decidieron no atender a nadie. “Ocuparon el edificio, cerraron sus puertas y dejaron a la gente sin atender”, indicaron fuentes del organismo, que ya abrió un expediente disciplinario. Las medidas en análisis incluyen apercibimiento, suspensión o directamente el despido de los implicados.

La intervención de PAMI Central coincidió con un proceso de revisión administrativa más amplio, iniciado meses atrás por el titular del organismo, Esteban Leguizamo. “PAMI está llevando adelante una revisión profunda para cortar de raíz prácticas abusivas y discrecionales heredadas de gestiones anteriores”, informaron desde el área de comunicación oficial, donde también se remarcó que esta gestión busca poner fin a estructuras clientelares enquistadas en el sistema.

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La dirigencia política expresó su repudio al uso partidario de una oficina estatal que presta servicios esenciales. “Ningún sector político puede usar las instituciones como trinchera ideológica”, advirtió la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, quien calificó lo sucedido como un acto de desprecio por los ciudadanos que más necesitan del Estado.

Desde la conducción nacional de PAMI señalaron que el Instituto no puede quedar atrapado en internas partidarias ni servir a fines ajenos a su función, que es asistir a jubilados, pensionados y personas mayores. “El tiempo de la impunidad se terminó”, afirmaron en un comunicado reciente, donde también prometieron “orden, transparencia y control” sobre todas las delegaciones del país.

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Las autoridades locales realizaron la denuncia correspondiente, mientras que el área legal del organismo ya notificó a los empleados involucrados sobre el inicio del procedimiento disciplinario, que evaluará las faltas cometidas y sus consecuencias. El caso generó repercusión nacional por tratarse de una delegación que debía funcionar ese día como cualquier otra jornada hábil, en medio de un contexto social sensible.

El malestar de los vecinos no se limitó al cierre del edificio, sino también al mensaje político de los carteles que cubrían los vidrios, que hacían referencia a la “defensa de la democracia” en apoyo a la expresidenta. “Se nos niega algo tan básico como el acceso a servicios esenciales”, expresó la vecina en su carta, con una frase que resume el malestar de muchas personas mayores que no pudieron completar trámites impostergables.

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El organismo nacional se prepara para aplicar sanciones y enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad que implica trabajar en un espacio público destinado a la salud y la atención social, sin interferencias de militancia ni intereses partidarios. “El objetivo es cuidar cada peso de los afiliados y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”, reiteraron desde la conducción del Instituto, que prometió continuar con el proceso de limpieza interna iniciado este año.

Fuente: Perfil