El Consejo Escolar azorado.
La sentencia por una caída en una clase de Educación Física desata bronca en Neuquén y abre una pelea judicial de alto voltaje. El Consejo Provincial de Educación (CPE) lleva el caso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y apunta a la nulidad del fallo que obliga al Estado a pagar una indemnización millonaria por una lesión que, según la defensa, no deja secuelas graves.
Silvana Reñones, una de las abogadas del CPE, lo resume sin rodeos: “Los niños se caen, por eso tienen un seguro, imaginate que el Estado debiera pagar 200 millones a cada niño que se accidenta, es un disparate”. La frase marca el tono del rechazo institucional a una resolución que, dicen, desordena todo el esquema de responsabilidad por hechos escolares.
El caso ocurre en la Escuela 254 de Chos Malal, el 23 de septiembre de 2019. Una nena corre durante Educación Física, tropieza, cae y sufre una quebradura de tibia. Yeso, recuperación y vuelta a la rutina. Para la defensa, se trata de un accidente común, de los que figuran en las pólizas que prevé la normativa educativa.
Aun así, el expediente escala fuerte en tribunales. El 14 de abril de 2025, el juez civil Carlos Choco condena al CPE a pagar más de 175 millones de pesos. Luego, la Cámara de Casación confirma la sentencia y baja el monto a 155 millones. La gestión educativa actual interpreta el fallo como una señal peligrosa para el sistema.
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El recurso ante el TSJ se apoya en un argumento central que Reñones llama “el pecado original”: la causa se tramita en un juzgado civil cuando, según el planteo, la responsabilidad del Estado corresponde al derecho administrativo y al fuero contencioso-administrativo. La defensa cita la ley procesal 1305, que incluye reclamos resarcitorios por hechos u omisiones de la administración pública dentro de la órbita especializada.
El CPE también marca una secuencia que, a su criterio, la sentencia ignora: la familia acepta un pago de alrededor de 10 millones de pesos de Sancor Seguros —contratada por Educación— y, años después, inicia una demanda civil por daño físico y moral. En el juicio, según la abogada, no se discute que la caída ocurre en la escuela, y el eje pasa por pericias y por la forma de calcular montos.
Ahí aparece otro punto sensible. Reñones cuestiona el modo en que se arma la cifra final y describe una mezcla de porcentajes y fórmulas que, para ella, no cierran. “Choco termina determinando que la lesión fue leve, con buena evolución… pero termina sentenciando por suma descabellada reconociendo que la incapacidad era del 28 %”, sostiene, y agrega que la pericia psicológica que menciona estrés postraumático muestra debilidades técnicas.
La abogada pone el foco en el cálculo de la indemnización por vida laboral. Según su lectura, el fallo computa desde los 7 años —edad al momento del accidente— y no desde los 18, lo que infla la cuenta. “Nos hubiéramos ahorrado 100 millones”, afirma. También critica valores del salario mínimo y la aplicación de intereses: “No tiene ni pies ni cabeza”.
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El conflicto no queda en la cifra. Reñones alerta por el efecto dominó dentro del sistema educativo. “El CPE tiene 300 mil estudiantes. Si esta sentencia se mantiene, puede generar un efecto contagio”, advierte, y proyecta un escenario de juicios por cada lesión escolar. En su mirada, esa dinámica rompe cualquier planificación: el presupuesto del Consejo sale del Estado provincial y no existe un fondo para indemnizaciones de ese tamaño.
La defensa acepta que hay situaciones graves que superan lo que cubre un seguro, pero insiste en que este caso no entra en esa categoría. “Estamos hablando de una quebradura de tibia que no generó consecuencias… Es un accidente ordinario”, remarca, y contrasta con ejemplos de lesiones severas que sí exigen otro tipo de respuesta.
El recurso ante el TSJ apunta a tres ejes: incompetencia del juez civil, fórmula de cálculo con parámetros erróneos y montos arbitrarios e incongruentes con la prueba. Reñones deja planteada la expectativa: “Esperamos que el TSJ lo revierta y que, de corresponder una indemnización complementaria a lo ya pagado por el seguro, sea un monto razonable”.
Ahora, el expediente queda en manos del máximo tribunal neuquino, con la mira puesta en una definición que, según el propio entorno educativo, puede ordenar el tablero o abrir una grieta judicial difícil de contener.
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