Juzgan a un comisario por usar a seis detenidos como mozos en su casamiento

La Justicia pampeana analiza esta semana un caso que expone el uso indebido del poder policial. En el banquillo se sienta el oficial inspector Cristian Martín Galván, acusado de utilizar a personas privadas de su libertad como mozos y personal de limpieza en su fiesta de casamiento.

El hecho ocurrió el 31 de mayo del año pasado en Lonquimay, un pueblo ubicado al este de La Pampa. Según se informó, el casamiento se celebró en un salón cercano al destacamento policial y hasta allí fueron trasladados seis detenidos que trabajaron durante el evento.

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Las tareas incluyeron limpieza general y servicio de comida a los invitados. Los testimonios recogidos durante el debate confirmaron que los reclusos salieron de la subcomisaría bajo la custodia de la propia policía y permanecieron durante horas en el lugar, en una situación irregular. Este miércoles comenzaron las audiencias en el Centro Judicial de Santa Rosa. Declararon varios policías y también algunos de los detenidos, que confirmaron haber participado en la fiesta, según detallaron fuentes judiciales a la prensa local.

El juicio tiene a cargo al juez Andrés Aníbal Olié y al fiscal Guillermo Sancho. La defensa de Galván está en manos de los abogados Marcos Bertolotti Fiore y Alberto Morales, quienes aportaron testigos para refutar la imputación.

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Además del proceso penal, se abrió un sumario administrativo en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Aún no se sabe si el acusado se encuentra en servicio activo, en situación pasiva o suspendido, ya que esa información corresponde al ámbito interno de la fuerza.

El delito imputado es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta figura contempla penas de entre uno y veinticuatro meses de prisión y la inhabilitación especial por el doble de tiempo.

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Las autoridades judiciales consideraron que la conducta del comisario implica una utilización indebida de recursos humanos bajo custodia del Estado. “Se está juzgando la parte penal. El uso de personas detenidas para fines personales es una falta grave”, remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal.