Detectan que más del 70% de los comedores registrados nunca fueron controlados ni auditados

Una auditoría sobre el sistema de comedores del exministerio de Desarrollo Social reveló graves irregularidades administrativas. El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Carlos Blanco, informó que solo el 3% de los comedores registrados fueron validados físicamente. El resto nunca recibió una inspección.

La base RENACOM, donde se inscribían estos espacios, tenía formularios incompletos, datos falsos y direcciones inexistentes. Blanco explicó que el sistema aceptaba inscripciones sin verificación ni consistencia, lo que habilitó múltiples irregularidades. “Más de 38.000 comedores nunca fueron visitados por un inspector”, señaló.

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En una muestra aleatoria, encontraron supuestos comedores que no existían o que no cumplían con lo declarado. El 87% de las 54.613 inscripciones presentaban duplicaciones. El propio titular de SIGEN reconoció que la falta de control generó “el terreno fértil para la corrupción”.

Todavía no se conoce cuántos fondos públicos se giraron a esos registros. Blanco aclaró que la parte financiera aún no fue auditada y que ese análisis formará parte de la segunda etapa. Sin embargo, advirtió que “no se controlaba a quién se le enviaba dinero ni qué hacían con él”.

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El funcionario también cuestionó el modo de gestión de los programas sociales durante la administración anterior. “No hay evaluación de impacto ni rendición de cuentas. Todo giraba en torno al anuncio político”, expresó. Afirmó que esa lógica se repitió en distintos organismos.

La auditoría tardó más de un año en completarse por falta de acceso a la información. Hubo tres cambios de autoridades en el área desde diciembre de 2023, lo que demoró el inicio del control. Recién ahora, según dijo, comenzaron a obtener los datos necesarios.

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En paralelo, Blanco se refirió al conflicto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se negó a ser auditada. La institución judicializó el caso y apeló a su autonomía. El titular de SIGEN respondió: “La autonomía universitaria no implica no rendir cuentas. Hasta 2022, auditábamos sin problemas”.

Otras universidades del país ya están colaborando con los controles. Blanco mencionó que La Matanza, el Nordeste y varias más firmaron convenios para iniciar revisiones. Consideró que el caso de la UBA es una excepción y no la norma.