Faltan patentes en todo el país y Campagnoli exige respuestas urgentes al Gobierno

La falta de patentes en todo el país ya no es una anécdota. Miles de personas que compraron vehículos o renovaron documentación no pueden circular con normalidad. Cumplieron con todos los trámites, pero siguen esperando.

“El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos”, expresó la diputada Marcela Campagnoli. Su reclamo no fue simbólico. Presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante el Ministerio de Justicia.

La legisladora apuntó directamente al ministro Mariano Cúneo Libarona. Pidió detalles concretos sobre los motivos del faltante, los plazos de resolución y el estado de la licitación que adjudicó el servicio a Tönnjes Sudamericana S.A.

Campagnoli también solicitó información sobre los proveedores anteriores. Quiere saber por qué dejaron de operar y qué responsabilidad tuvo el Estado en esa interrupción del servicio.

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“Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno”, remarcó. Desde el Ejecutivo habían prometido en mayo que el problema estaría resuelto. Nada de eso ocurrió.

Los reclamos se multiplican en todo el país. Hay demoras en concesionarias, talleres y registros. Algunos compradores deben esperar más de un mes para recibir sus vehículos. Otros circulan con chapas provisorias sin saber si serán multados.

Campagnoli destacó que el pedido se ampara en la Ley 27.275, que garantiza el derecho a acceder a información pública. “Queremos saber qué se prometió, qué se hizo y por qué sigue sin resolverse”, insistió.

El reclamo no es aislado. Otros legisladores ya manifestaron su apoyo. Coinciden en que el faltante de patentes revela una desorganización grave en áreas que deberían funcionar con eficiencia.

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La preocupación va más allá de lo administrativo. El problema expone a miles de personas a infracciones, secuestro de vehículos o demoras innecesarias, a pesar de haber cumplido con todas sus obligaciones legales.

“El Estado tiene la responsabilidad de facilitar la vida de quienes respetan la ley. No puede ser que una gestión desorganizada genere consecuencias negativas para el ciudadano común”, concluyó Campagnoli.

La diputada espera una respuesta formal por parte del Ministerio. Mientras tanto, el malestar crece y el sistema sigue sin funcionar.