
La Justicia aceptó a tres afiliados de ATE como querellantes en la causa contra Guillermo Quiroga
Policiales24/07/2025
REDACCIÓN
La jueza penal de Rawson, Eve Ponce, resolvió incorporar a tres afiliados como querellantes en la causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas dentro del gremio ATE. La decisión se tomó tras una audiencia realizada en la Oficina Judicial, donde también participaron representantes del Ministerio Público Fiscal y las defensas de los imputados.


Guillermo Quiroga, secretario gremial de ATE, y Mirta Simone, exsecretaria administrativa y expareja del dirigente, se encuentran imputados por el presunto uso irregular de fondos de la entidad. La causa había sido iniciada por denuncias internas formuladas por integrantes del mismo gremio.
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En esta instancia, se presentaron como querellantes Claudia Barrionuevo, quien se desempeñaba como secretaria de finanzas al momento de los hechos denunciados, junto a los afiliados Luciano López y Analía González. Los tres lo hicieron con el patrocinio legal de los abogados Danilo Sepúlveda y Gladys Olavarría.
Durante la audiencia, el Dr. Sepúlveda argumentó que sus representados habían sido afectados directamente por la presunta administración fraudulenta, ya que el daño no solo impactó sobre el patrimonio de la entidad sino también en los derechos colectivos de los afiliados. Esta postura recibió el acompañamiento del fiscal general Omar Rodríguez, a cargo de la unidad especial de delitos contra la administración pública.
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Los defensores de Quiroga y Simone rechazaron la admisión de los denunciantes como querellantes, sosteniendo que las únicas víctimas serían, en todo caso, el sindicato como institución y no sus afiliados en forma individual. Tanto el defensor particular Oscar Romero Burno como el defensor público Damián D´Antonio plantearon que la pretensión ya había sido debatida en audiencias anteriores.
La jueza Ponce rechazó los planteos de las defensas y reafirmó que los tres afiliados habían sido reconocidos previamente como damnificados, decisión que también había sido convalidada por un tribunal revisor. En consecuencia, les concedió formalmente la participación en calidad de querellantes.
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La causa continúa bajo la órbita de la magistrada Ponce, luego de que el tribunal revisor confirmara la existencia de relevancia penal en los hechos denunciados, desligándolos de cualquier procedimiento administrativo interno. Esa misma instancia también desestimó la recusación presentada por la defensa contra la jueza.

















