El gobierno abriría sumario a más de 600 docentes por no cumplir un censo obligatorio

El Ministerio de Educación de Chubut activó un sumario administrativo contra 614 docentes por no haber cumplido con el censo obligatorio que el gobernador dispuso por decreto. La medida apunta a determinar posibles sanciones por una conducta que ya fue calificada como falta grave.

El censo fue ordenado en 2024 mediante el Decreto Nº 899. Incluía a todos los agentes del Poder Ejecutivo y era de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, casi un año después, casi medio millar de docentes activos y otros 121 ya inactivos siguen sin registrarse.

El incumplimiento no justificado fue advertido por Recursos Humanos, que canalizó las notificaciones a través de las supervisiones regionales. Desde ese momento, se iniciaron procedimientos para convocar a los docentes a cumplir con el trámite de forma presencial, aunque sin resultados en varios casos.

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“Las irregularidades detectadas alcanzan entidad suficiente para considerar que se ha transgredido el mandato legal”, dice el expediente, que ahora pasa a la Dirección de Sumarios. Allí se investigará si corresponde o no sancionar a los implicados.

Según los documentos oficiales, los 614 nombres fueron divididos en dos anexos. En el primero figuran los que todavía están en funciones; en el segundo, quienes ya no prestan servicios pero estaban activos durante el período censal.

“La obligación de participar en el censo fue clara y comunicada”, explicó el Ministerio, que además remarcó que cada caso será analizado bajo el régimen disciplinario vigente, en función de los artículos 152 y 153 de la Ley I Nº 18.

La decisión cuenta con la firma del ministro José Luis Punta y del subsecretario de Planeamiento Marcelo Álvarez. Ambos refrendaron la resolución que instruye el sumario y da intervención a la Asesoría General de Gobierno.

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Desde el gobierno provincial advierten que no se trata de una persecución, sino de garantizar transparencia y orden interno. El censo buscaba actualizar la nómina de agentes estatales y detectar posibles irregularidades en la planta laboral.

El sumario también podría revelar otras omisiones o inconsistencias, ya que se revisará caso por caso. La intervención de las distintas áreas legales y administrativas apunta a blindar la legalidad del proceso.

Para la Provincia, esta acción busca ordenar el funcionamiento interno del Estado y exigir que las normas se cumplan sin excusas. Los docentes que fueron incluidos en la lista ya recibieron las notificaciones oficiales.

La resolución concluye que el incumplimiento, al no estar justificado legalmente, será tratado como una falta administrativa grave. La investigación interna ya está en curso y podría ampliarse si surgen nuevos datos.