Histórica condena a Álvaro Uribe: 12 años de prisión domiciliaria por manipulación de testigos
Actualidad01/08/2025
REDACCIÓN
Álvaro Uribe
La Justicia de Colombia dictó una sentencia sin precedentes contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal. Se trata de la primera vez que un exjefe de Estado colombiano recibe una pena penal que incluye privación efectiva de la libertad, en un hecho que sacude los cimientos del poder político tradicional del país.
Uribe, de 73 años y dos veces presidente entre 2002 y 2010, también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años, según consta en el fallo emitido por el tribunal. La resolución marca un hito judicial en una nación donde la impunidad ha sido una constante para las altas esferas del poder.
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El exmandatario fue hallado culpable de intentar manipular testigos para evitar ser vinculado judicialmente con grupos paramilitares, organizaciones ilegales responsables de crímenes masivos durante el conflicto armado interno. La causa, que lleva años de tramitación, comenzó irónicamente con una denuncia del propio Uribe contra un senador opositor, pero terminó revelando una red de influencias y maniobras para obstruir el curso de la justicia.
El expediente demostró que personas privadas de su libertad recibieron presiones, pagos y promesas a cambio de declaraciones que beneficiaran al expresidente, con el objetivo de desacreditar las investigaciones en su contra y evitar imputaciones formales.
La reacción política no tardó en escalar. La defensa de Uribe anunció que iniciará acciones legales contra el actual presidente Gustavo Petro, a quien acusan de "hostigamiento" y "calumnia" por declaraciones realizadas en la red social X (ex Twitter), donde el mandatario sostuvo que Uribe “no combatió el terrorismo paramilitar, sino que pactó con él varias veces.”
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Este enfrentamiento entre un expresidente condenado y un jefe de Estado en funciones expone la profunda polarización política en Colombia y refuerza la tensión institucional entre el Ejecutivo y sectores de la justicia que han avanzado sobre figuras históricamente intocables.
La sentencia también plantea un giro simbólico en la narrativa de la lucha contra el paramilitarismo, al dejar expuesto el entramado de complicidades en las más altas esferas del poder. La figura de Uribe, venerada por amplios sectores conservadores como símbolo del orden y la seguridad, queda ahora marcada por una condena penal firme.
Desde sectores de derechos humanos y organizaciones civiles se celebró el fallo como una señal de madurez institucional, aunque también se advirtió sobre los riesgos de presiones políticas contra jueces y fiscales en medio del contexto altamente polarizado.
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