AES demandó a la Argentina en EE.UU. para ejecutar un fallo por USD 732 millones
Actualidad06/08/2025
Sergio Bustos
Alicura.
Otra demanda millonaria golpea al Estado argentino. La empresa estadounidense AES presentó una demanda ante un tribunal de Washington para ejecutar un fallo del CIADI por USD 732 millones.
El conflicto se remonta a principios de siglo. Luego de la crisis de 2001, la Argentina pesificó de manera unilateral contratos dolarizados de concesiones energéticas. Entre ellos, los ingresos de la represa hidroeléctrica Alicurá, ubicada sobre el río Limay.
AES sostuvo que esa decisión afectó gravemente su rentabilidad. Por eso, en diciembre de 2002, acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, un tribunal arbitral del Banco Mundial.
El reclamo original superaba los USD 1.800 millones. Con intereses acumulados, podía acercarse a los USD 2.500 millones. El laudo final, emitido en mayo de este año, redujo la cifra a USD 732 millones.
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Ahora, la compañía pidió a la justicia norteamericana el reconocimiento y la ejecución forzada del fallo. Si la Corte accede, comenzará una etapa de identificación y embargo de activos argentinos en territorio estadounidense.
“Esto es parte de una estrategia para forzar a la Argentina a sentarse a negociar”, explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors. Según él, el Gobierno podría incluir esos activos en futuros procesos de privatización.
La demanda se inscribe en un contexto delicado. Además del caso AES, la Argentina enfrenta seis juicios más en el CIADI, con reclamos que suman alrededor de USD 1.500 millones. A eso se suma el gigantesco litigio por YPF, con Burford Capital exigiendo USD 16.100 millones.
Uno de los casos activos es el de BA Desarrollos LLC, que reclama más de USD 58 millones por un conflicto en la escrituración de terrenos en Catalinas Norte II. El tribunal se constituyó en 2023 y continúa el intercambio de escritos.
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También sigue abierto el expediente de Abertis Infraestructuras, por la supuesta ruptura de los acuerdos tarifarios en concesiones viales. El monto reclamado supera los USD 295 millones.
Otro juicio en curso lo lleva adelante IJM Corporation Berhad, una firma malaya que exige más de USD 51 millones. Su reclamo también gira en torno a contratos viales y nulidades judiciales posteriores a la pesificación.
Webuild, ex Salini Impregilo, ya obtuvo un fallo favorable: USD 152 millones por la afectación de su participación en Puentes del Litoral. El laudo fue dictado en abril de este año.
Además, Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. espera una decisión por USD 157 millones, tras la eliminación del sistema de AFJP. Las audiencias se celebraron y el laudo está en manos del tribunal.
Casinos Austria, en cambio, ya logró una condena en 2021 por más de USD 21 millones. Fue por la revocación de su licencia en Salta, aunque el fallo aún se encuentra bajo revisión por un pedido de anulación.
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“El CIADI es muy lento. Ninguno de los casos está cerca de una sentencia definitiva”, señaló Maril. Aun así, la presión sobre el Estado argentino crece y la estrategia judicial se complejiza.
La Corte de Washington debe analizar si reconoce el laudo a favor de AES. Luego, podría autorizar el embargo de activos públicos argentinos en Estados Unidos, algo que implicaría un nuevo golpe a las reservas del país.
Para Maril, el caso AES abre la puerta a negociaciones que podrían incluir activos de generación o infraestructura energética. La represa Alicurá aparece como posible ficha de cambio.
El gobierno de Javier Milei todavía no hizo comentarios públicos. Se espera que, como en litigios anteriores, el Estado apele el proceso y busque dilatar su cumplimiento mediante herramientas legales.
Mientras tanto, los antecedentes juegan en contra. Desde 2002, la Argentina ha recibido múltiples condenas por conflictos derivados de la crisis. Muchos fallos siguen impagos, y cada ejecución suma tensión al frente externo.
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