Ninguno de los 117 médicos que rindieron de nuevo el examen de residencias logró revalidar su nota

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este viernes que ninguno de los 117 médicos que rindieron nuevamente el Examen Único de Residencias pudo igualar la nota obtenida en la primera evaluación, realizada el pasado 1 de julio y que se encuentra bajo investigación por presunto fraude.

 El funcionario calificó la diferencia entre ambos resultados como “absolutamente escandalosa” y sostuvo que el caso “no hace más que confirmar lo que defendimos desde el primer día: en la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”.

La decisión de tomar un segundo examen surgió luego de que el Ministerio de Salud detectara resultados anómalos y posibles maniobras fraudulentas. El episodio que desató la denuncia pública fue la viralización de un video en el que se veía a un médico ecuatoriano grabando la prueba con lentes equipados con una cámara oculta. Según la investigación, las imágenes habrían sido enviadas al exterior para recibir las respuestas por medio de un auricular.

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Las autoridades también confirmaron la existencia de grupos pagos en Telegram y WhatsApp donde se comercializaban las resoluciones y respuestas de la evaluación. Frente a estas sospechas, se convocó a 141 postulantes cuyos puntajes presentaban irregularidades para rendir nuevamente. De ellos, se presentaron 117, de los cuales 109 eran extranjeros.

El segundo examen se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, que incluyeron la prohibición de ingresar cualquier dispositivo electrónico y un control exhaustivo en el ingreso. La normativa establecía que la nota original solo se conservaría si el nuevo resultado no variaba más del 10% respecto al obtenido en la primera prueba.

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Los resultados finales fueron contundentes: ninguno de los médicos alcanzó el puntaje necesario para mantener su calificación inicial. Incluso, uno de los postulantes ecuatorianos reconoció al salir que “el examen fue más difícil” y que esperaba obtener una nota más baja que en la primera instancia, algo que finalmente se confirmó para la totalidad de los presentes.

El caso, que ahora avanza en el ámbito judicial, reaviva el debate sobre los mecanismos de control y la transparencia en los procesos de selección de profesionales para el sistema de salud, en un contexto en el que el Gobierno insiste en priorizar la idoneidad como criterio excluyente.