Oposición intensifica presión a gobernadores para revertir veto a la ley jubilatoria

La Cámara de Diputados será epicentro de una fuerte pulseada política. La oposición intentará reunir apoyos para anular el veto presidencial a la ley que mejora jubilaciones y otorga un bono extra.

El plan incluye atar la aprobación de proyectos impulsados por gobernadores al compromiso de rechazar los vetos que dictó Javier Milei, tanto a la norma previsional como a la que declaraba la emergencia en discapacidad.

Los diputados opositores apuntarán especialmente al bloque de gobernadores del “Grito Federal”, integrado por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Fuentes parlamentarias admiten que los números para alcanzar los dos tercios aún no cierran. La estrategia, entonces, pasa por generar presión política y condicionar el avance de leyes clave para las provincias.

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Entre los proyectos que buscarán dictaminar figuran la reforma de la distribución del impuesto a los combustibles, la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la declaración de emergencia en ciencia y un plan de salud para prevenir el Alzheimer.

En el caso del impuesto a los combustibles, la iniciativa propone elevar del 10,4% al 52,02% la porción que va a las provincias, reduciendo lo que recibe la Nación. Los fondos se repartirían con un 25% en partes iguales y un 75% según índices de coparticipación.

Respecto a los ATN, el proyecto busca que dejen de ser recursos discrecionales y pasen a distribuirse automáticamente todos los días, como marca la ley de coparticipación.

La agenda legislativa comenzará el martes con la reactivación de la comisión investigadora sobre la megaestafa Libra. El miércoles, el foco se trasladará a dos reuniones de la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, donde se debatirán los cambios en combustibles y ATN.

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En paralelo, la oposición ya definió que intentará tratar el rechazo a los vetos el 20 de agosto, en una sesión que promete medir fuerzas con el oficialismo.

El oficialismo, por su parte, confía en que la falta de números frenará el avance opositor. Sin embargo, sabe que ceder en algunos puntos podría ser necesario para asegurar la aprobación de proyectos propios en las próximas semanas.

En los pasillos del Congreso, los negociadores admiten que el debate excede el contenido de las leyes. Lo que está en juego es la relación de fuerzas entre la Casa Rosada, los gobernadores y el bloque opositor mayoritario.

La discusión sobre jubilaciones y discapacidad no solo se mide en votos. Tiene un impacto directo en millones de beneficiarios que esperan la restitución de mejoras suspendidas por el veto.

De prosperar la estrategia, la oposición lograría un doble objetivo: imponer condiciones en el debate legislativo y marcar un límite político al Presidente, que vería reducida su capacidad de veto como herramienta de control parlamentario.

En caso contrario, el oficialismo reforzaría su autoridad y enviaría un mensaje claro: sin mayoría calificada, la oposición no puede revertir las decisiones de la Casa Rosada.